Al menos una persona murió este martes, otra resultó herida y diecinueve fueron detenidas en las protestas que sacudieron la ciudad keniana de Nanyuki contra el centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola que los gobiernos de EE.UU. y de Kenia quieren construir en esa zona.

Aunque la muerte no ha sido confirmada aún por las autoridades, EFE fue testigo en Nanyuki (centro) de cómo dos manifestantes dejaban el cuerpo inmóvil de un hombre en una carretera del barrio de Liki mientras recriminaban su muerte a los policías.

El cuerpo, recogido por la Policía y trasladado a una furgoneta, presentaba una herida en la cabeza de la que salía gran cantidad de sangre.

Otro de los manifestantes recibió el impacto de una granada de gas, aunque EFE no pudo verificar su estado.

La Cruz Roja de Kenia confirmó a los periodistas sobre el terreno que uno de los asistentes a las multitudinarias protestas resultó herido en el barrio marginal de Majengo.

Además, la ONG Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) denunció en su cuenta de la red social X la «brutalidad» policial y la detención «arbitraria» de diecinueve manifestantes.

A diferencia de las protestas de por la mañana, mayoritariamente pacíficas, por la tarde los manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra los agentes y a crear barricadas y encender fuegos en las calles de Liki.

Cientos de agentes se desplegaron para dispersar a la multitud, acompañados de grandes furgones antidisturbios y camiones equipados con cañones de agua.

Detenciones a primera hora

Las marchas comenzaron a primera hora de la mañana, cuando la Policía detuvo a una decena de personas que se concentraron con carteles, banderas nacionales, cruces, disfraces que simulaban equipos de protección individual (EPI) y un ataúd simbólico junto al Parque Central de Kanyuki, según pudo presenciar EFE.

Más tarde, cientos de personas recorrieron el centro de la ciudad a pesar del gran despliegue policial, incluidos algunos agentes de paisano, y la movilización resultó reprimida con arrestos, gas lacrimógeno y disparos de advertencia.

«Estamos aquí hoy porque habrá una protesta pacífica para asegurarnos de que el centro de cuarentena de ébola en el condado de Laikipia, en la base aérea de Laikipia, no se lleve a cabo», declaró a EFE la activista pro derechos humanos Chris Njoki Wanene.

Wanene criticó el secretismo del acuerdo entre Nairobi y Washington, al denunciar que no se respetó el Estado de derecho ni se informó a la ciudadanía sobre este centro de respuesta al brote de ébola que afecta al este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Los negocios de la localidad permanecieron cerrados ante el temor a un estallido de violencia durante las protestas.

Las fuerzas del orden, además, bloquearon el avance de los manifestantes hacia la base militar aérea de Laikipia, a unos ocho kilómetros de Nanyuki, impidiéndoles salir de la ciudad con detenciones y gas lacrimógeno.

El pasado 1 de junio, cientos de manifestantes se congregaron en los alrededores de la base militar de Laikipia para exigir la cancelación total del proyecto de este centro antiébola, concentración que se saldó con dos muertos.

A pesar de las dudas mostradas por algunas organizaciones sobre la capacidad de Kenia para albergar un centro de este tipo, el Gobierno ha defendido la idoneidad de los laboratorios del país.

La Comisión Europea (CE) presentó el martes el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluye nuevas medidas de presión en el ámbito de la energía, el sector financiero y el comercio, además de prohibir la entrada en la Unión Europea de excombatientes rusos.

«Hoy presentamos el 21 paquete de sanciones. Nos centramos en los sectores con más impacto: la energía, el sector financiero y de criptomonedas, el comercio y por primera vez incluimos la pesca», dijo en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Además, el paquete propuesto prevé la congelación temporal del tope del precio del petróleo ruso y la designación de instituciones utilizadas por Moscú para generar ingresos y eludir las sanciones de la UE.

La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que las sanciones europeas contra Moscú «están funcionando» y aseguró que «están debilitando los pilares económicos» del esfuerzo que Rusia hace para continuar la guerra en Ucrania, pero hizo hincapié en que no fue diseñado para soportar la crisis causada por el cierre del estrecho de Ormuz y subrayó la necesidad de «mantener la intensidad» de esas medidas.

Sobre la congelación temporal del tope del precio del petróleo, dijo que Bruselas propone suspender el ajuste hasta enero del próximo año.

«Esto dará tiempo a los mercados petroleros para estabilizarse, manteniendo al mismo tiempo la presión sobre los ingresos de Rusia», señaló.

Al mismo tiempo, añadió Von der Leyen, la UE seguirá sancionando a la flota fantasma y se propondrá incluir 30 buques más en la lista, además de los 632 ya sancionados, además de que, por primera vez, se apuntará a los buques que prestan apoyo a la flota paralela y se atacará a las infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que se dedican al comercio o procesamiento de petróleo ruso.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, precisó por su parte que el paquete se dirigirá contra bancos, fabricantes de armas, operadores de petróleo, refinerías y operadores de criptomonedas en terceros países.

«También estamos apuntando a las empresas que brindan apoyo al complejo militar-industrial ruso. Las nuevas listas abarcarán más de 30 designaciones en la fabricación de drones, así como nuevas medidas de control de exportaciones para 50 empresas, incluidas entidades con sede en China, Turquía, Kirguistán, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos e India», dijo Kallas.

Asimismo, indicó la jefa de la diplomacia europea, la UE restringirá la exportación de materiales y tecnologías adicionales, incluidos metales y aleaciones de alto rendimiento, «para perturbar aún más la capacidad de producción de Rusia».

Y se restringirá la importación de nuevos artículos, incluidas autopartes, varios minerales de metales preciosos y productos químicos, señaló Kallas.

Las autoridades culturales y el gremio de editores informaron este martes que la XXIII Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026 estará dedicada a la líder indígena maya k’iche’ y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, y contará con Alemania como país invitado de honor.

Mediante un acto público en el Palacio Nacional de la Cultura, una de las sedes del Gobierno guatemalteco, autoridades y editores oficializaron el lanzamiento de la mayor cita literaria del país centroamericano, que se celebrará del 07 al 19 de julio en la capital bajo el lema «Vamos por un país de lectores».

La organización prevé superar los 100 mil visitantes a través de 667 actividades culturales.

En el acto, Menchú reivindicó los orígenes del certamen como un bastión de resistencia intelectual al señalar que «fue una actividad de valientes, de soñadores, de gente dispuesta a rendir homenaje a algo que es lo único más grande que tiene la humanidad, es el conocimiento».

«Es la palabra, es el arte, es la música, es la poesía, es el intercambio de lenguajes diversos», subrayó.

El embajador de Alemania en el país centroamericano, Hardy Boeckle, destacó durante la presentación el «honor» de contar con la presencia de la Premio Nobel de la Paz, «de tenerla como personalidad excepcional de la Filgua de este año y poder trabajar con ella sobre temas de memoria, de reconciliación».

El encuentro coincidirá con la antesala de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1996), un hito histórico que puso fin a 36 años de un cruento conflicto armado interno (1960-1996) que dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, en su mayoría indígenas mayas.

En esta edición, Filgua tendrá entre sus novedades la presentación de un ambicioso proyecto literario de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG), que distribuirá gratuitamente 30 mil ejemplares bilingües de las obras del escritor guatemalteco Julio Serrano Echeverría e ilustrados por Karen Huala, editados en español y en siete diferentes idiomas mayas.

Asimismo, la feria contará con la presencia del escritor guatemalteco Dante Liano, catedrático en la Universidad de Milán (Italia), junto a figuras internacionales como la ilustradora argentina Mariana Ruiz Johnson y la poeta mexicana Nadia López García, quien es actualmente la directora de servicio de contenidos de la Secretaría de Educación Pública de México.

La Administración de Donald Trump anunció el lunes acciones legales destinadas a revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios.

En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que ha presentado demandas ante varios tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados estadounidenses acusados de «delitos graves», entre ellos abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.

«Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias», declaró el fiscal general interino, Todd Blanche.

Entre los afectados figuran ciudadanos naturalizados de múltiples países, entre ellos Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas o Jamaica.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que la Administración seguirá utilizando «todas las vías legales» para expulsarlos del país.

«La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio», escribió el responsable de Seguridad Nacional en la red social X al compartir la noticia sobre las demandas adelantada por la cadena CBS.

Mullin añadió que su Departamento no permanecerá «de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales», que, según afirmó, «han explotado la generosidad de EE.UU. y se han aprovechado de su sistema migratorio».

En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.

La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.