Con 28 votos a favor, los integrantes de la 66 Legislatura, aprobaron las reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Asistencia Social, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del estado de Hidalgo, en materia de fortalecimiento a las medidas de protección, entre lo que destacó la creación de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al respecto, Lizbeth Ordaz Islas, diputada local de Morena y una de los promoventes del dictamen, explicó que estas iniciativas buscan dotar de garantías más amplias a las niñas, niños, adolescentes y a la familia hidalguense, establecer medidas especiales de protección, la creación de las procuradurías municipales y la integración de lo que debe entenderse por medida de protección.
La reforma mandata que en cada municipio, dentro de la estructura del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), deberá existir una Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dotada de autonomía técnica y operativa, con funciones de autoridad administrativa, la cual tendrá por objeto la protección especial de niñas, niños y adolescentes que vivan dentro de su demarcación territorial o que se encuentren en tránsito en el municipio.
Dichas dependencias estarán bajo la coordinación de la Procuraduría Estatal en la materia y contarán con las facultades y atribuciones que se establecen en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo y deberán atender el procedimiento correspondiente.
Las procuradurías deberán detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que podrán recibir reportes de forma anónima cuando estos provengan de particulares, ante lo que deberán garantizar siempre la confidencialidad y reserva de sus datos personales.
De igual manera, tendrán la obligación de realizar las diligencias necesarias para su atención, sin perjuicio de denunciar ante las autoridades competentes cualquier violación o vulneración de derechos y en casos de posible comisión de delitos deberán dar aviso de inmediato al Ministerio Público.
