El juez Jorge Ch vez Tamariz dict este jueves la prisi n preventiva por cinco meses contra el expresidente de Per Mart n Vizcarra (2018-2020) para evitar que rehuya a una eventual condena en el juicio por el delito de cohecho pasivo propio, a ra z de los presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
En una audiencia p blica, el magistrado dio lectura a la resolución despu s de la argumentación del fiscal Germ n Ju rez, que detall el pago de los sobornos por 2,3 millones de soles (611 mil d lares) de las empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y ampliación del Hospital de Moquegua, a solicitud del entonces gobernador regional.
El juez de primera instancia consider que existe peligro procesal y peligro de fuga al argumentar que el exmandatario no tenía arraigo laboral ni familiar porque su esposa, Maribel díaz, e hijo menor viven en otra ciudad, y que al menos uno de los contratos de trabajo presentados es «cuestionable» porque la empresa es dirigida por su esposa y sus accionistas son sus hijas.
Tras la resolución, Vizcarra fue conducido por la Polic a Nacional a la carceleta del Poder Judicial, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) autorice su ingreso en la prisi n de Barbadillo, donde est n recluidos tambi n los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), por una condena de lavado de activos, y el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), procesado por su fallido intento de golpe de Estado.
El magistrado afirm que exist an fundados elementos de convicción sobre la comisi n de delito para dictar su prisi n preventiva por el nivel de sospecha grave y peligro procesal razonables.
Antes de conocerse la resolución, Vizcarra declar ante el juez que segu a confiando en el Poder Judicial, a pesar del «v a crucis» al que se consideraba injustamente sometido.
El exmandatario asegur que su arraigo laboral era «pleno», y que hab a viajado seis veces a nivel nacional, en los ltimos meses, para «cumplir con los objetivos» que tenía con los contratos de trabajo y con el partido político Per Primero, que fund con miras a las elecciones generales de 2026, donde busca ser candidato presidencial, si bien cuenta con tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso.
Fiscal a pide condena de 15 a os de c rcel
El magistrado aclar que, con su decisi n, «no determin culpabilidad», sobre el delito de cohecho, porque el principal sustento es el peligro procesal del acusado.
En ese sentido, explic que se trata de una medida de coerción para someterlo a un proceso penal, en el que se solicita una pena de 15 a os de c rcel.
Durante la audiencia, el fiscal Ju rez remarc la gravedad del delito imputado a Vizcarra y la pena solicitada en la acusación, los cuales considera que representan un riesgo de fuga antes de su sentencia.
Además, el fiscal critic que Vizcarra sostenga que tiene arraigo laboral con base a un contrato con una empresa de la que su esposa es representante y acord con l un pago diferido a nueve meses.
Asimismo, Ju rez dijo que el exmandatario figura como candidato presidencial del partido Per Primero pero que no existe ning n contrato de asesoramiento, como asegura su defensa.
En ese sentido, el fiscal sostuvo que existe un «proselitismo político» como candidato para elecciones 2026, a pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso para ejercer cargo p blico, y que se trata de «un contrato para aparentar que tiene arraigo laboral».
Vizcarra apela decisi n del juez
Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, apel la medida de prisi n preventiva y afirm que Vizcarra no estuvo en la ciudad de Lima en la fecha que la Fiscal a sostiene que mantuvo un encuentro con representantes de la empresa ICCGSA para recibir personalmente uno de los pagos il citos en 2016.
El fiscal Ju rez indic que Vizcarra pidi supuestamente una comisi n de 2 % del contrato para la obra de irrigación Lomas de Ilo en 2013, que se tradujo en dos pagos de 400.000 y 600.000 soles, consignados como pr stamos en los registros contables de la empresa Obrainsa, favorecida con la adjudicación.
Ju rez afirm que los exejecutivos de Obrainsa han corroborado los pagos, mediante un proceso de colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscal a, y que fueron sentenciados por estos hechos.
Asimismo, el fiscal expuso ante el magistrado del S ptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que, en el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, Vizcarra condicion la adjudicación de la obra al pago de 1,8 millones de soles (510.000 d lares).
La ultima entrega fue presuntamente en 2016, cuando Vizcarra ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a quien sucedi en el cargo en 2018.
3 Ex presidente de Per a prisi n preventiva publish
