\u00a0<\/p>\n
Si en M\u00e9xico la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3%, algo estamos haciendo muy mal. Esta devastadora cifra tiene detr\u00e1s la enorme cantidad de delitos que no se denuncian en el pa\u00eds (93.2%) y la baja efectividad por parte de las procuradur\u00edas y fiscal\u00edas estatales para esclarecer los delitos que s\u00ed se denuncian (19.4%). Aunque en ning\u00fan pa\u00eds se denuncia la totalidad de los delitos ni se resuelven todos, la cifra negra suele ser menor y la efectividad m\u00e1s alta. Con esta cifra tan alarmante que habla de una impunidad de 98.3% es importante considerar si la procuraci\u00f3n de justicia en el pa\u00eds est\u00e1 colapsada.<\/p>\n
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La baja denuncia en nuestro pa\u00eds se puede explicar por la escasa proporci\u00f3n de personas que conf\u00edan en los ministerios p\u00fablicos (9.6%); por el tiempo de espera para ser atendidos en una procuradur\u00eda o fiscal\u00eda (142 minutos en promedio); por la falta de agilizaci\u00f3n de los procesos de denuncia en el pa\u00eds, entre otras causas. La baja efectividad tiene detr\u00e1s: los pocos recursos destinados a la procuraci\u00f3n de justicia; modelos de gesti\u00f3n inadecuados o ineficientes que no administran bien los escasos recursos para hacer frente a la carga de trabajo promedio; modelos de investigaci\u00f3n inadecuados o inexistentes; el porcentaje de \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n no cumplimentadas (42.1%); entre muchos otros elementos que acaban teniendo incidencia en la efectividad y por ende en la impunidad.<\/p>\n
Aunque es indispensable contar con indicadores de operaci\u00f3n y desempe\u00f1o de las procuradur\u00edas y fiscal\u00edas del pa\u00eds, es importante tomar estos indicadores con mesura y analizarlos con detenimiento. Seg\u00fan el “\u00cdndice estatal de desempe\u00f1o de las procuradur\u00edas y fiscal\u00edas 2019” de Zepeda y Jim\u00e9nez, del cual se desprenden todos los datos anteriormente utilizados, existe un claroscuro respecto a los desempe\u00f1os estatales en cada uno de los 8 indicadores recopilados. As\u00ed como la Ciudad de M\u00e9xico destina $740 pesos per c\u00e1pita a la procuraci\u00f3n de justicia, otros estados como Tlaxcala tan solo destinan $106. O la diferencia abismal respecto a la impunidad en homicidio doloso, con estados como Oaxaca, Morelos y Guerrero con una impunidad superior al 99% y entidades donde est\u00e1 por debajo del 60% como en Durango, Quer\u00e9taro y Yucat\u00e1n. Lo mismo acontece con la efectividad para esclarecer delitos, ya que estados como Nuevo Le\u00f3n, Quer\u00e9taro y Guanajuato consiguen efectividades arriba del 30%, mientras que otros s\u00f3lo llegan a un 6% como Guerrero.<\/p>\n
Si se considera tan s\u00f3lo la cifra de 1.3% de probabilidad de esclarecimiento de los delitos, parece que la procuraci\u00f3n de justicia en el pa\u00eds est\u00e1 colapsada y que hay poco que hacer al respecto. Pero si uno mira de cerca el diverso comportamiento en cada uno de los indicadores, aparecen buenas pr\u00e1cticas que posicionan a las procuradur\u00edas y fiscal\u00edas de ciertos estados en mejores posiciones. Fiscal\u00edas que aplican modelos de gesti\u00f3n y de investigaci\u00f3n para hacer frente a los delitos que acontecen y que incentivan la denuncia de los delitos, bajando tiempos de espera, capacitando a polic\u00edas para levantar la denuncia, utilizando herramientas tecnol\u00f3gicas para mejorar la captura de reportes. Usualmente nos apresuramos en culpar al Sistema Penal Acusatorio de la impunidad en el pa\u00eds y buscamos parchar con enmiendas legislativas las fallas operativas que se vienen arrastrando de d\u00e9cadas. Desgraciadamente, ninguna reforma ni cambio de ley podr\u00e1 modificar las inercias institucionales que bajan el desempe\u00f1o de las procuradur\u00edas y fiscal\u00edas. La soluci\u00f3n para disminuir la impunidad no est\u00e1 en una reforma, sino en implementar mejores pr\u00e1cticas y modelos con base en indicadores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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