OPINI\u00d3N<\/p>\n
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La intentona de alargar el periodo del Gobernador en Baja California, me hace pensar que a veces se nos olvidan los referentes esenciales sobre los que descansa nuestra democracia, como si la misma hubiera enraizado entre nosotros hace siglos, y no fuera una adquisici\u00f3n reciente como en realidad lo es.
El r\u00e9gimen republicano y representativo de nuestro pa\u00eds determina que peri\u00f3dicamente estemos convocados a las urnas para renovar nuestra representaci\u00f3n pol\u00edtica, derivado de que el poder se ejerce dentro de mandatos ciertos y predeterminados, y que cambia de titulares mediante el ejercicio del sufragio popular.
Si bien los mandatos suelen ser de seis y tres a\u00f1os \u2014aunque los hay de 4 a\u00f1os\u2014, la reforma electoral de 2007 modific\u00f3 excepcionalmente esta duraci\u00f3n al obligar a las entidades federativas a compactar sus calendarios electorales, ya que s\u00f3lo en 13 de ellas, m\u00e1s el Distrito Federal, hab\u00eda total concurrencia con las elecciones federales, pero en 18 no, cuesti\u00f3n que generaba una dispersi\u00f3n de fechas que obligaba a los partidos pol\u00edticos a estar permanentemente en campa\u00f1a.
Se abri\u00f3 as\u00ed un periodo de transici\u00f3n, como desde 2007 lo denomin\u00f3 la SCJN, que impuso la adecuaci\u00f3n de las fechas de las elecciones, la duraci\u00f3n de los mandatos y las fechas de toma de posesi\u00f3n y de culminaci\u00f3n del encargo de gobernadores, diputados e integrantes de ayuntamientos. Lo que en ning\u00fan momento se modific\u00f3 fue el criterio legitimador del sufragio popular, a trav\u00e9s del cual concurrimos a determinar a nuestros representantes, a los partidos o coaliciones con las que triunfan, el cargo para el que se eligen, la duraci\u00f3n del respectivo mandato, y los derechos, obligaciones y garant\u00edas asociados al encargo, las cuales los acompa\u00f1ar\u00e1n durante el tiempo para el que fueron elegidos.
Desde este punto de vista, es inconcebible que una vez ejercido el voto se modifique alguno de estos componentes, para prorrogar o extender el mandato conferido m\u00e1s all\u00e1 del periodo para el que se fue electo, a\u00fan y cuando la iniciativa provenga de un Congreso, pues \u00e9ste no puede, bajo ninguna circunstancia, suplantar la legitimidad democr\u00e1tica de la voluntad popular y privar a la ciudadan\u00eda de su derecho a elegir.
M\u00e1s a\u00fan, cuando la revocatoria funciona como un instrumento de ratificaci\u00f3n de las acciones de gobierno, en una especie de reivindicaci\u00f3n del derecho a controlar los actos de nuestros representantes, lo cual no suena mal, siempre que se tenga claridad en torno a qu\u00e9 se va evaluar, c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y con qu\u00e9 efectos.
Por ello, el derecho a votar y a ser \u201cbotado\u201d convergen en la exigencia de previsibilidad en las reglas sobre las bases y las condiciones para acceder al ejercicio del poder, y para dejar de ejercerlo una vez que se adquiere la investidura, legitim\u00e1ndose rec\u00edprocamente en la necesidad de hacer valer la suprema autoridad del pueblo frente a la autoridad de los gobernantes.
En este sentido, nada es admisible por encima de la voluntad popular, ninguna autoridad puede pretender asumir la titularidad de una potestad decisoria que corresponde al electorado, y a nadie le est\u00e1 permitido desconocer el mandato representativo conferido mediante el voto. Corresponde ahora la intervenci\u00f3n de la SCJN para corregir este intento de fraude constitucional, y dejar en claro que ning\u00fan poder constituido puede contrariar la voluntad popular actuada y expresada como poder soberano en las elecciones.
Twitter: @CesarAstudilloR<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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