\u00a0\u00a0\u00a0 \u2022\u00a0\u00a0 \u00a0La muerte de Jorge y Javier no puede entenderse sin entender nuestra “guerra”. En 2010, cuando los estudiantes fueron asesinados, el despliegue militar llevaba 4 a\u00f1os y cerca de 50 mil soldados realizaban operativos en el pa\u00eds\u2028<\/p>\n
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El d\u00eda de hoy, en el campus de Tecnol\u00f3gico de Monterrey en Nuevo Le\u00f3n, el Gobierno de M\u00e9xico ofrecer\u00e1 una disculpa p\u00fablica por el asesinato, a manos de militares, de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia del TEC. Una noche, hace nueve a\u00f1os, fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados que hab\u00edan participado esa misma noche en un enfrentamiento con miembros de una banda delictiva. Para encubrir la ejecuci\u00f3n de los estudiantes, se les identific\u00f3 como sicarios del crimen organizado. Eso, se esperaba, garantizar\u00eda que nadie investigara el crimen. Ahora, despu\u00e9s de 9 a\u00f1os de lucha de sus amigos y familiares, finalmente el Estado mexicano reconoce p\u00fablicamente el crimen.
La muerte de Jorge y Javier no puede entenderse sin entender nuestra “guerra”. En 2010, cuando los estudiantes fueron asesinados, el despliegue militar llevaba 4 a\u00f1os y cerca de 50 mil soldados realizaban operativos en el pa\u00eds. La estrategia de seguridad militar trajo consigo una l\u00f3gica de guerra \u2014del enemigo\u2014 bajo la cual a la poblaci\u00f3n civil se le protege, pero a los “otros”\u2014a los delincuentes\u2014 se les elimina. Bajo esa l\u00f3gica, la presunci\u00f3n de inocencia, el derecho a la integridad f\u00edsica o el derecho a la vida \u2014corresponden s\u00f3lo a unos, a los nuestros. Los “otros”, los enemigos, no tienen derechos. El problema es que para ser de “los otros” basta que las autoridades as\u00ed lo crean o afirmen. A Jorge y a Javier los identificaron como sicarios porque eso legitimaba sus muertes. “Estaban armados hasta los dientes” afirm\u00f3 la Sedena. No hac\u00edan falta m\u00e1s pruebas para dispensar a las autoridades de investigar las muertes.
Entre 2007 y principios de 2014 murieron a manos del Ejercito casi 4 mil personas. Muy pocas de estas muertes han sido investigadas. No sabemos cu\u00e1ntos m\u00e1s casos de falsos positivos, como el de Jorge y Javier, existen en esa cifra. El discurso de guerra nos permite decir que no importa, si eran enemigos merec\u00edan morir y si murieron es porque eran enemigos. Corresponde a familiares y amigos demostrar lo contrario.
Peor a\u00fan, desde 2014 el registro de muertos a manos del ej\u00e9rcito dej\u00f3 de hacerse p\u00fablico. Mientras que la Sedena simplemente se ha negado a dar esa informaci\u00f3n, la PGR (ahora Fiscal\u00eda General de la Republica) no tiene registro de estas muertes pues no realiza investigaciones (y s\u00f3lo registran lo que investiga). Son casi 5 a\u00f1os de no poder conocer el n\u00famero de muertos a manos de la instituci\u00f3n de seguridad m\u00e1s importante del pa\u00eds. La reciente reforma en materia de la Guardia Nacional, hace m\u00e1s preocupante esta omisi\u00f3n. Si bien en el cuerpo constitucional se cre\u00f3 una instituci\u00f3n civil, parecida a la Polic\u00eda Federal, en los art\u00edculos transitorios se otorg\u00f3 \u2014por cinco a\u00f1os\u2014 la facultad al presidente para hacer uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad p\u00fablica.
Hace unos d\u00edas, el pleno del Inai resolvi\u00f3, por unanimidad, que la Sedena debe hacer p\u00fablico el n\u00famero de personas muertos a manos de soldados. Nadie duda que la Sedena tenga esa informaci\u00f3n, el propio Secretario de la Defensa la cit\u00f3 recientemente ante el Congreso. La decisi\u00f3n del Inai, como la eventual respuesta que de la Sedena, son fundamentales para establecer los criterios de transparencia que regir\u00e1n al Ej\u00e9rcito los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. Pero tambi\u00e9n es relevante en el contexto del asesinato de Jorge y Javier que sucedi\u00f3 en parte porque el que el uso m\u00e1ximo de la fuerza letal por parte del Estado es aceptable y no exist\u00edan mecanismos de control ni rendici\u00f3n de cuentas.
Sin duda es positivo que el Estado reconozca su responsabilidad en un crimen injustificable; pero es tambi\u00e9n indispensable que se adopten las medidas necesarias para evitar que un caso similar vuelva a ocurrir. La no repetici\u00f3n significa que cada caso de uso de la fuerza letal sea investigado puntualmente. Debe adem\u00e1s reconocerse cada muerte, de entrada, haciendo p\u00fablica la informaci\u00f3n sobre los muertos.
Twitter: @cataperezcorrea<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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