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Para alcanzar la paz social es necesario restringir los factores de riesgo que mantienen en crisis de seguridad a M\u00e9xico. El Estado es el responsable de garantizar la seguridad p\u00fablica y la protecci\u00f3n de los derechos humanos. Ante ello, la violencia armada es uno de los elementos que m\u00e1s perturban la vida social. Existe un debate internacional entre el derecho a poseer armas para fines de protecci\u00f3n personal o la necesidad de controlar, o prohibir su uso, en aras de eliminar la violencia. Esta \u00faltima postura ha ganado adeptos en vista de la proliferaci\u00f3n de armas ligeras y la facilidad con la que son utilizadas por bandas criminales.
En nuestro pa\u00eds, el art\u00edculo 10 constitucional garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la posesi\u00f3n y portaci\u00f3n de armas. De acuerdo con la interpretaci\u00f3n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, la posesi\u00f3n de armas se refiere a su uso dentro de un domicilio, mientras que la portaci\u00f3n implica su traslado fuera del mismo. Para ambos casos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula las condiciones, requerimientos y tipos de armas que puede tener la ciudadan\u00eda.
En mi opini\u00f3n, el derecho a poseer armas es de car\u00e1cter auxiliar, es decir, su fin \u00faltimo no es el hecho de tener un arma sino el medio para salvaguardar otros derechos, como la seguridad y la leg\u00edtima defensa. Por esa raz\u00f3n, la ley proh\u00edbe expresamente el uso de armas de grueso calibre, pues \u00e9stas rebasan el objetivo de protecci\u00f3n personal y, dada su letalidad, se constituyen en una amenaza para la seguridad p\u00fablica.
Un Estado constitucional debe monopolizar el uso de la violencia leg\u00edtima. El problema es la proliferaci\u00f3n de armas de grueso calibre en manos del crimen organizado. No podemos ignorar la correlaci\u00f3n entre la disponibilidad de armas y la situaci\u00f3n de violencia en M\u00e9xico: fuentes oficiales se\u00f1alan que los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego escalaron en una d\u00e9cada, al pasar de tres mil 610 en 2006 a 16 mil 949 en 2017. Lo anterior sucede a pesar de los esfuerzos por asegurar armas y las campa\u00f1as de entrega voluntaria de las mismas.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo con el 50.29 por ciento del valor total de la comercializaci\u00f3n de armas convencionales. En correlaci\u00f3n, de acuerdo con el “Small Arms Survey” de Ginebra, Suiza, M\u00e9xico es el s\u00e9ptimo pa\u00eds con m\u00e1s disponibilidad de armas, existen alrededor de 16 millones 800 mil armas legales e ilegales. Evidentemente, esto supone un enorme reto, se pueden comprar armas legalmente en Estados Unidos y traficarlas ilegalmente hacia las organizaciones criminales en M\u00e9xico.
No debemos olvidar que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos permiti\u00f3 el ingreso ilegal a M\u00e9xico de dos mil 500 armas para venderlas a presuntos criminales con el objetivo de rastrearlas e identificar a los responsables del tr\u00e1fico ilegal. Pero esa operaci\u00f3n, denominada “R\u00e1pido y Furioso”, fue un fracaso: los criminales en M\u00e9xico recibieron el armamento con total impunidad, incluso con una de ellas fue asesinado el agente norteamericano Jaime Zapata de la Oficina de Inmigraci\u00f3n y Aduanas, en febrero de 2011 en San Luis Potos\u00ed. Hasta hoy no se sabe qui\u00e9nes fueron los responsables ni las consecuencias jur\u00eddicas del delito que se cometi\u00f3 en nuestro pa\u00eds por parte de autoridades norteamericanas.
Ante este problema ser\u00eda conveniente conocer la estrategia del gobierno federal, m\u00e1xime que ahora el delito de portaci\u00f3n de armas ya no amerita prisi\u00f3n preventiva oficiosa. Esto significa que una persona detenida en flagrancia con un rifle de alto poder puede obtener su libertad inmediatamente y defenderse mientras dure el proceso en su contra sin estar en prisi\u00f3n, siempre con el riesgo de que se sustraiga de la acci\u00f3n de la justicia.<\/p>\n
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