Telecomunicando
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\u00a0\u00a0 \u00a0\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0La extorsi\u00f3n telef\u00f3nica desde los centros penitenciarios representa un grave problema en materia de seguridad, pero esta iniciativa no ataca las causas ni est\u00e1 dirigida a los sujetos adecuados. La realidad es que los concesionarios han intentado trabajar conjuntamente con las autoridades para resolver este problema que tiene ra\u00edces mucho m\u00e1s complejas de lo que parece entender el diputado Preciado\u2028<\/p>\n
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El pasado 13 de diciembre, el diputado Jorge Luis Preciado Rodr\u00edguez, del PAN, present\u00f3 una iniciativa con la que busca adicionar un cap\u00edtulo de “Sanciones en Materia de Seguridad y Justicia” a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n (LFTR) para atacar la problem\u00e1tica de las llamadas telef\u00f3nicas de extorsi\u00f3n que se realizan desde centros penitenciarios.
Sin duda este asunto merece atenci\u00f3n por parte de las autoridades, pues se estima que tan s\u00f3lo de siete penales en distintas regiones del pa\u00eds se realizan anualmente 3.7 millones de llamadas desde celulares. Sin embargo, la iniciativa del diputado Preciado afronta la problem\u00e1tica desde una perspectiva que, por decir lo menos, se encuentra mal enfocada, pues parte de falsas premisas y, en caso de avanzar, podr\u00eda generar consecuencias negativas en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones m\u00f3viles y, lo peor de todo, con nulo impacto en la atenci\u00f3n del fin que persigue, le explico por qu\u00e9.
El art\u00edculo 190, fracci\u00f3n VIII de la LFTR, as\u00ed como el marco jur\u00eddico que se ha desarrollado al respecto desde hace m\u00e1s de seis a\u00f1os, es claro: la obligaci\u00f3n de los proveedores de servicios de telecomunicaciones es de colaboraci\u00f3n con las autoridades, pero de ninguna forma, como supone la iniciativa, es obligaci\u00f3n de los proveedores bloquear las se\u00f1ales de los centros de readaptaci\u00f3n y establecimientos penitenciarios, no se entiende de d\u00f3nde saca esa lectura Preciado. De hecho, el art\u00edculo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica establece que son las instituciones de seguridad p\u00fablica (federales, estatales y municipales) las que deben garantizar que los centros de readaptaci\u00f3n social y establecimientos penitenciarios cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las se\u00f1ales de telefon\u00eda celular dentro del per\u00edmetro de dichos centros, mientras que, por ejemplo, el Reglamento de los Centros Federales de Readaptaci\u00f3n Social proh\u00edbe expresamente a su personal, internos y visitantes, introducir tel\u00e9fonos o cualquier otro instrumento de intercomunicaci\u00f3n a dichos centros. Pero la iniciativa confunde las obligaciones de las autoridades con las de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y les traslada responsabilidades que corresponden claramente a instituciones p\u00fablicas.
Actualmente, el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de colaboraci\u00f3n en esta materia puede generar sanciones para los proveedores de servicios de telecomunicaciones de entre 1.1% y 4% de sus ingresos; sin embargo, el diputado Preciado considera que la raz\u00f3n por la que se siguen dando estas llamadas de extorsi\u00f3n es que no existe “coercitividad real” para que los proveedores de servicios cumplan con la supuesta obligaci\u00f3n de bloqueo de las se\u00f1ales y entonces propone establecer la revocaci\u00f3n de la concesi\u00f3n o autorizaci\u00f3n correspondiente ante el incumplimiento. Esto es no entender nada. \u00bfRealmente cree Preciado que la amenaza de revocaci\u00f3n de concesiones acabar\u00e1 con este problema?
La extorsi\u00f3n telef\u00f3nica desde los centros penitenciarios representa un grave problema en materia de seguridad, pero esta iniciativa no ataca las causas ni est\u00e1 dirigida a los sujetos adecuados. La realidad es que los concesionarios han intentado trabajar conjuntamente con las autoridades para resolver este problema que tiene ra\u00edces mucho m\u00e1s complejas de lo que parece entender el diputado Preciado. Existe una enorme red de corrupci\u00f3n y colusi\u00f3n entre autoridades y delincuentes que se requiere atacar de fondo y que no se resuelve cerrando los ductos, perd\u00f3n, revocando concesiones. Ojal\u00e1 nuestros legisladores se informaran mejor antes de proponer estos textos que solo exhiben su ignorancia sobre ciertos temas que son t\u00e9cnicos y complejos y en nada ayudan al pa\u00eds.
En la sobremesa. Finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones se sum\u00f3 al Banco de M\u00e9xico y a la Cofece, e interpondr\u00e1 controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federaci\u00f3n 2019 por el recorte a su presupuesto y por las limitaciones impuestas en materia de remuneraciones para sus servidores p\u00fablicos. Ser\u00e1 interesante el an\u00e1lisis que realice la SCJN en cuanto a los alcances de la autonom\u00eda constitucional de los \u00f3rganos como el Instituto en temas presupuestales, esto podr\u00eda marcar una pauta de interrelaci\u00f3n entre el nuevo r\u00e9gimen y los aut\u00f3nomos hacia el futuro.
*Presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana, miembro del Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana del SNA. Este art\u00edculo refleja su posici\u00f3n personal. Twitter: @soyirenelevy<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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