\u00a0\u00a0 \u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Si hacemos memoria, antes de que ocurriera la tragedia de Ayotzinapa, ya hab\u00eda un caldo de cultivo en Iguala de corrupci\u00f3n estatal, narcotr\u00e1fico, y control social, que no pudo sino estallar una noche de septiembre de 2014\u2028<\/p>\n
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Una se preguntar\u00e1 qu\u00e9 ha cambiado en Guerrero desde hace tres a\u00f1os y medio, cuando 43 j\u00f3venes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, en lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denomin\u00f3 un ataque masivo e indiscriminado contra poblaci\u00f3n civil. A pesar de que este an\u00e1lisis pas\u00f3 desapercibido, significa que en Iguala, se pudieron haber cometido cr\u00edmenes de lesa humanidad, con la posible participaci\u00f3n de los tres niveles del Estado Mexicano.
Hoy podemos decir, con profundo dolor, que al menos a nivel estructural, no ha cambiado nada en el estado, y no s\u00f3lo desde que tuvo lugar la desaparici\u00f3n forzada de los estudiantes, sino desde antes. La hist\u00f3rica situaci\u00f3n de impunidad y abandono que ha enfrentado el estado tiene d\u00e9cadas. Y un reflejo de esto son los hechos ocurridos recientemente en Chilpancingo, la capital guerrerense, donde durante el periodo decembrino, la polic\u00eda habr\u00eda hecho desaparecer a cinco j\u00f3venes, quiz\u00e1 incluso seis, de los siete que se reportaron desaparecidos.
M\u00e1s all\u00e1 de lo tr\u00e1gico de estos hechos, est\u00e1 adem\u00e1s la tragedia de las autoridades que tiene M\u00e9xico. Existen indicios concordantes de que la polic\u00eda municipal habr\u00eda participado en seis de las siete desapariciones, mientras que la polic\u00eda ministerial del estado habr\u00eda participado en tres.
Hasta ahora, un polic\u00eda municipal ha sido detenido por los hechos, tras una investigaci\u00f3n que genera m\u00faltiples dudas, debido a que el caso estar\u00eda sostenido \u00fanicamente en el testimonio de un reducido n\u00famero de testigos, todos ellos funcionarios p\u00fablicos locales, que se\u00f1alan a un solo polic\u00eda municipal, en la comisi\u00f3n de los hechos. Sin embargo se tiene conocimiento de que m\u00e1s integrantes de la corporaci\u00f3n, incluido el mando, podr\u00edan estar implicados.
En el caso de Efra\u00edn Patr\u00f3n, desaparecido el 29 de diciembre, se revel\u00f3 en d\u00edas recientes un video de las c\u00e1maras del C4, que arroja indicios de que en este caso, tambi\u00e9n, al menos una patrulla de la polic\u00eda municipal habr\u00eda estado implicada en su desaparici\u00f3n. La ruta que este joven habr\u00eda trazado ese d\u00eda ser\u00eda similar a la que utiliz\u00f3 antes de desaparecer Abel Aguilar, al que tambi\u00e9n hoy su familia contin\u00faa buscando.
Si hacemos memoria, antes de que ocurriera la tragedia de Ayotzinapa, ya hab\u00eda un caldo de cultivo en Iguala de corrupci\u00f3n estatal, narcotr\u00e1fico, y control social, que no pudo sino estallar una noche de septiembre de 2014.
Si analizamos lo sucedido en Chilpancingo vemos similitudes. Una polic\u00eda municipal con dos posibles n\u00f3minas: una p\u00fablica y otra con el crimen organizado; la comisi\u00f3n de violaciones graves de derechos humanos; el control social en las calles, el silencio de una ciudad que todo lo sabe, pero que est\u00e1 aterrada de ver c\u00f3mo su realidad se descompone, y todav\u00eda m\u00e1s aterrada de denunciar. Una sociedad que mira con profunda desconfianza a su autoridad; y por \u00faltimo, y m\u00e1s desesperante, vemos un aparato de justicia estructural y operativamente dise\u00f1ado para que los hilos se muevan, y la impunidad se quede. El resultado: un c\u00f3ctel molotov, listo para explotar.
Pero hay m\u00e1s. Despu\u00e9s del caso de Ayotzinapa, numerosas organizaciones fueron amenazadas e ilegalmente espiadas. En el caso de los siete j\u00f3venes de Chilpancingo, las amenazas no se han hecho esperar. Marco Antonio Coronel, periodista de Televisa, el medio que cubri\u00f3 de manera m\u00e1s profunda los eventos, fue amenazado el d\u00eda 31 de enero, tras hacer p\u00fablicas las videograbaciones del C-4 de Chilpancingo.
La gravedad de estos hechos, y el posible nexo de la autoridad con el crimen, nos obliga a exigir a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica a atraer estos casos, incluidas las amenazas contra el periodista. Pero nos obliga adem\u00e1s, a exigir reformas estructurales, que acaben con la impunidad.
Dentro de todo este horror, algo que tampoco ha cambiado es la valent\u00eda de las organizaciones de la sociedad civil, de los periodistas y de las familias, quienes denuncian estas atrocidades, defienden no s\u00f3lo la vida de sus seres queridos, sino tambi\u00e9n demandan la necesidad de una autoridad que se conduzca con estricto apego y respeto de los derechos humanos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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