\u00a0\u00a0\u00a0 \u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Recordemos que el art\u00edculo 2, fracci\u00f3n II de la ley, define el derecho de r\u00e9plica como el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgaci\u00f3n le cause un agravio pol\u00edtico, econ\u00f3mico, en su honor, vida privada y\/o imagen.\u2028<\/p>\n
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En la anterior publicaci\u00f3n me refer\u00ed a la impugnaci\u00f3n que la CNDH, as\u00ed como el PRD y Morena plantearon en contra de la Ley reglamentaria del art\u00edculo 6\u00ba, p\u00e1rrafo primero, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de r\u00e9plica, a trav\u00e9s de diversas acciones de inconstitucionalidad, para lo cual expusimos el contenido y alcance que el Tribunal Pleno de la Corte asign\u00f3 al derecho de r\u00e9plica.
En esta ocasi\u00f3n continuar\u00e9 con otros de los varios temas que al respecto abord\u00f3 el pleno de la Corte.
Recordemos que el art\u00edculo 2, fracci\u00f3n II de la ley, define el derecho de r\u00e9plica como el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgaci\u00f3n le cause un agravio pol\u00edtico, econ\u00f3mico, en su honor, vida privada y\/o imagen.
A tal fin, la ley dispone que toda persona podr\u00e1 ejercer el derecho de r\u00e9plica y que los medios de comunicaci\u00f3n, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de informaci\u00f3n responsable del contenido original, tienen la obligaci\u00f3n de garantizarlo, todo ello conforme al procedimiento que la ley de la materia establece.
Respecto del procedimiento, dicha legislaci\u00f3n se\u00f1ala que a partir de la fecha de recepci\u00f3n del escrito en el que se solicita el derecho de r\u00e9plica, el sujeto obligado tendr\u00e1 un plazo m\u00e1ximo de 3 d\u00edas h\u00e1biles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de r\u00e9plica y hasta 3 d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la fecha en que emiti\u00f3 dicha resoluci\u00f3n, para notificar al promovente su decisi\u00f3n.
Si la solicitud de r\u00e9plica se considera procedente, deber\u00e1 publicarse o transmitirse al d\u00eda h\u00e1bil siguiente al de la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n referida, cuando se trate de programas o publicaciones de emisi\u00f3n diaria y en la siguiente transmisi\u00f3n o edici\u00f3n, en los dem\u00e1s casos.
En el supuesto de que el sujeto obligado omita cumplir con las obligaciones, o bien que el promovente no se encuentre conforme con el contenido de la decisi\u00f3n, podr\u00e1 acudir al procedimiento judicial que dispone la ley.
Uno de los planteamientos a resolver, fue el relativo a la constitucionalidad de la exigencia que para instaurar el procedimiento impone la ley, consistente en que la divulgaci\u00f3n de datos o informaciones inexactos o falsos cause agravio a la persona aludida, ya sea pol\u00edtico, econ\u00f3mico, en su honor, vida privada y\/o imagen, lo que a juicio de los accionantes constituye un requisito excesivo.
Sobre la base de que el derecho de r\u00e9plica constituye una herramienta que garantiza a los ciudadanos el acceso a los medios de comunicaci\u00f3n, con el objeto de difundir informaci\u00f3n que aclare o corrija una publicaci\u00f3n que es falsa o inexacta, cuya funci\u00f3n no es de suyo reparadora, el pleno determin\u00f3 que basta probar la falsedad o inexactitud de los hechos difundidos, sin que adicionalmente sea necesario probar el agravio pol\u00edtico, econ\u00f3mico, en su honor, vida privada y\/o imagen que resienta una persona, lo que adem\u00e1s es conforme al prop\u00f3sito del derecho de r\u00e9plica de aclarar un hecho o un dato falso o inexacto y no el de reparar un da\u00f1o.
Por lo anterior, se declar\u00f3 la invalidez de la fracci\u00f3n VII del art\u00edculo 25 de la ley, el cual establece que en el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento para corregir la informaci\u00f3n falsa o inexacta deber\u00e1n se\u00f1alarse las pruebas que “\u2026demuestren el perjuicio que dicha informaci\u00f3n le hubiere ocasionado\u2026”, toda vez que resulta improcedente exigir tal prueba, por ser contraria, seg\u00fan se ha explicado, a la naturaleza propia del derecho de r\u00e9plica.
En la pr\u00f3xima entrega continuaremos con la rese\u00f1a de otros t\u00f3picos sobre los que se pronunci\u00f3 la Corte en tan interesante asunto, entre ellos, la regulaci\u00f3n del derecho de r\u00e9plica respecto de publicaciones en internet.
@margaritablunar mbluna@mail.scjn.gob.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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