Lo que p\u00fablicamente se conoce hasta ahora es apenas la punta del iceberg de la corrupci\u00f3n sist\u00e9mica<\/p>\n
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En las \u00faltimas semanas, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha protagonizado un enfrentamiento con el gobierno federal por el supuesto incumplimiento de convenios de colaboraci\u00f3n que le transferir\u00edan un total de 900 millones de pesos para enfrentar el desastre financiero que dej\u00f3 la administraci\u00f3n anterior. Por necesidad, por convicci\u00f3n, o ambas, el gobernador decidi\u00f3 romper el pacto de silencio, esta especie de omert\u00e1 que ha funcionado durante d\u00e9cadas permitiendo que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico asigne de manera discrecional recursos p\u00fablicos a gobernadores y presidentes municipales. No es la primera vez que el Ramo 23, mejor conocido como el fondo de los moches, est\u00e1 en entredicho. En 2015, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo contra la C\u00e1mara de Diputados por exceder sus facultades a la hora de reasignar recursos del presupuesto de 2016 para incluirlos en ese apartado. El recurso no prosper\u00f3, pero la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n e integrantes del Colectivo Peso han hecho recomendaciones puntuales sobre la necesidad de aumentar la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas de programas contenidos en ese fondo, cuyas reglas de operaci\u00f3n son inexistentes y cuya justificaci\u00f3n, monto y distribuci\u00f3n, obedece m\u00e1s a la l\u00f3gica del garrote y la zanahoria que al de la eficiencia, pertinencia y desarrollo. Todos los partidos son corresponsables y quiz\u00e1s por eso no hay, hasta el momento, acciones concretas para desmantelar la discrecionalidad con la que se manejan programas del Ramo 23 que en el presupuesto de este a\u00f1o contempla un monto por 107 mil 189 millones 207 mil 512 pesos. Nadie est\u00e1 dispuesto a perder su guardadito y menos en tiempos electorales.
El caso Chihuahua puede nutrir significativamente la agenda del combate a la corrupci\u00f3n a nivel nacional. En primer lugar, se trata de la relaci\u00f3n entre estados y Federaci\u00f3n. Las instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n pueden incluir recomendaciones vinculantes sobre las reglas, criterios y publicidad de los convenios que validan estas transferencias, as\u00ed como par\u00e1metros y mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas en la distribuci\u00f3n de recursos a los estados. Tienen las facultades y atribuciones para hacerlo a pesar de las previsibles resistencias. En segundo lugar, los principios que han guiado designaciones clave del Sistema Estatal Anticorrupci\u00f3n han fomentado el fortalecimiento de contrapesos y han permitido que a pesar de no contar con las leyes y el sistema completo, se avancen en acciones e investigaciones. El nombramiento de un fiscal general con conocimiento, experiencia y sin v\u00ednculos partidistas, el acompa\u00f1amiento activo de acad\u00e9micos y de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, la profesionalizaci\u00f3n de \u00e1reas clave de la administraci\u00f3n p\u00fablica y el veto sobre un auditor con claros v\u00ednculos partidistas han permitido crear mecanismos de informaci\u00f3n y de investigaci\u00f3n que rompen con los esquemas tradicionales de sanci\u00f3n. Aunque sobre la cabeza del ex gobernador C\u00e9sar Duarte pesan al menos 10 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n local y una federal, esto no ha evitado que se detecte una extensa red de corrupci\u00f3n y que en consecuencia se emitan 34 denuncias penales, 41 inhabilitaciones, 14 sanciones econ\u00f3micas, cinco suspensiones y una destituci\u00f3n.
Lo que p\u00fablicamente se conoce hasta ahora es apenas la punta del iceberg de la corrupci\u00f3n sist\u00e9mica. Las acciones que fomenten la transformaci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica local evitando el abuso o el manejo feudal del estado ser\u00e1 la mejor prueba de que regres\u00f3 la dignidad para Chihuahua.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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