La inseguridad se combate con el derecho en la mano, no violando la Constituci\u00f3n; la sociedad civil exige “seguridad sin guerra”
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Ante el crecimiento de la inseguridad han surgido diversas propuestas para combatir este flagelo. Calder\u00f3n declar\u00f3 una guerra contra la delincuencia organizada y meti\u00f3 al Ej\u00e9rcito y la Marina; los resultados fueron desastrosos, con alrededor de cien mil muertos y desaparecidos civiles, e innumerables violaciones de derechos humanos. O sea, una estrategia fallida.
Pe\u00f1a Nieto sigui\u00f3 la misma ruta, con las mismas consecuencias: no bajaron los \u00edndices delictivos y 2017 termin\u00f3 siendo el a\u00f1o con mayores muertes violentas de los \u00faltimos tiempos. Y a pesar de ello, EPN insiste en poner en el centro la actuaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas, por lo cual impuls\u00f3 la Ley de Seguridad Interior que es violatoria de la Constituci\u00f3n y de acuerdos internacionales que M\u00e9xico ha firmado; es decir, una ley inconstitucional e inconvencional.
AMLO, por su parte, plantea la amnist\u00eda a los capos de la delincuencia organizada como una f\u00f3rmula novedosa, aunque ya fracas\u00f3 en Colombia y otros pa\u00edses. O sea: hacer un pacto con los delincuentes para acabar con la violencia.
Desde el PRD y la coalici\u00f3n “Por M\u00e9xico al Frente” sostenemos que la discusi\u00f3n no debe ser si las fuerzas militares deben mantenerse en los territorios donde hoy act\u00faan o regresar a los cuarteles, porque esto \u00faltimo ser\u00eda un suicidio para la poblaci\u00f3n civil, sin contar con fuerzas polic\u00edacas preparadas, calificadas y certificadas, y que los gobiernos locales se hagan cargo de la responsabilidad constitucional de brindar la seguridad a la sociedad.
As\u00ed, en un proceso paulatino, el Ej\u00e9rcito y la Marina ir\u00edan regresando a sus cuarteles y \u2014paralelamente\u2014 poner en el centro una estrategia de mayor labor de inteligencia polic\u00edaca, desarticular a los criminales desactivando los resortes financieros de “lavado” de dinero.
Este es el escenario en el que vamos a las elecciones presidenciales y federales del pr\u00f3ximo 1 de julio.
Al mismo tiempo est\u00e1n corriendo los plazos para que la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n decida si la Ley de Seguridad Interior de Pe\u00f1a Nieto y el PRI es constitucional o no.
M\u00e1s de 250 importantes organizaciones de la sociedad civil, as\u00ed como la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en M\u00e9xico, han exigido al gobierno de nuestro pa\u00eds su derogaci\u00f3n, por ser claramente violatoria de las libertades individuales.
Nosotros, la bancada del PRD y las del Frente, compartimos ese planteamiento y presentaremos ante la Suprema Corte una Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad a m\u00e1s tardar el 20 de este mes de enero, la cual es v\u00e1lida cuando alguna ley o norma legal de car\u00e1cter general entra en contradicci\u00f3n con preceptos contenidos en la Constituci\u00f3n y porque tiene “problemas de convencionalidad”, es decir, se opone a convenios internacionales de los que M\u00e9xico forma parte.
Al revisar la ley, la Corte podr\u00e1 darse cuenta de que la C\u00e1mara de Diputados no est\u00e1 facultada para legislar sobre asuntos de “seguridad interior” y por lo tanto, est\u00e1 impedida para emitirla.
Es, adem\u00e1s, una ley que invade funciones de estados y municipios, que deja en manos de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n la coordinaci\u00f3n de las operaciones de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, que otorga al Presidente de la Rep\u00fablica poderes para decretar estados de excepci\u00f3n sin ning\u00fan control parlamentario ni social, sin t\u00e9rmino de tiempo y sin la obligaci\u00f3n de rendir cuentas, adem\u00e1s de reservar toda la informaci\u00f3n que de ello resulte por “razones de seguridad nacional”.
Con toda raz\u00f3n la CNDH, el Inai y el municipio de Cholula, Puebla, han decidido presentar una Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad atendiendo el reclamo de la sociedad civil, que exige “seguridad sin guerra”.
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