El gobierno de Pe\u00f1a obligado por mandato constitucional a defender el territorio nacional y proteger los derechos de comunidades y pueblos ind\u00edgenas, bajo el disfraz neoliberal, es su principal enemigo<\/p>\n
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Recientemente se public\u00f3 el estudio “Mecanismos del despojo: tres pueblos ind\u00edgenas y campesinos ante la justicia”, donde Isabel Madariaga, ex relatora de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analiza la imposici\u00f3n de tres megaproyectos: siembra de soya transg\u00e9nica en Campeche, “Monsanto”; autopista Toluca-Naucalpan y Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de M\u00e9xico. Todos \u2014afirma el estudio\u2014 impuestos por el gobierno sin consultar a los afectados, con graves impactos a los medios de subsistencia de comunidades ind\u00edgenas, hostigadas y criminalizadas. Aplicaci\u00f3n del mecanismo transnacional para sobreexplotar recursos naturales, “extractivismo cl\u00e1sico”, apoyado por los gobiernos nacionales: flores en todo el subcontinente, frutas y vino en Chile, soya en Argentina y Paraguay, megaproyectos, infraestructura energ\u00e9tica, hidr\u00e1ulicos, canales, presas, puertos, carreteras, concesiones, generando represi\u00f3n contra la resistencia social frente a la “intensificaci\u00f3n de la apropiaci\u00f3n de tierras y recursos ind\u00edgenas por parte de corporaciones transnacionales” (William Robinson). Especialmente da\u00f1ina, la explotaci\u00f3n minera, provocadora, seg\u00fan el Observatorio de Conflictos Mineros de Am\u00e9rica Latina, de cientos de conflictos. Incluso el “New York Times” advirti\u00f3 en 2016: “empresas canadienses da\u00f1an el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades aut\u00f3ctonas, imponen dise\u00f1o de leyes nacionales, apoyan la criminalizaci\u00f3n de la protesta social”. En efecto, para conjurar la resistencia, se impone legislaci\u00f3n punitiva, en M\u00e9xico: la reforma energ\u00e9tica establece la “ocupaci\u00f3n temporal” de tierras, prioritaria por encima de agricultura y ganader\u00eda, a solicitud de transnacionales; la Ley Federal de Zonas Econ\u00f3micas Especiales crea “enclaves” privados y extranjeros con facultades para disponer de territorios y recursos; el “Di\u00e1logo Econ\u00f3mico de Alto Nivel”, entre autoridades mexicanas y norteamericanas, establece pol\u00edticas favorables a transnacionales estadounidenses, abarcando territorios; m\u00e1s de la mitad del territorio nacional est\u00e1 concesionado. Se ha desarrollado toda una legislaci\u00f3n penal y policial represiva: leyes de seguridad p\u00fablica, seguridad nacional, reg\u00edmenes penales especiales \u2014tipificando la resistencia como delincuencia organizada\u2014 en delitos en hidrocarburos y C\u00f3digo de Justicia Militar; en espera, el Mando Mixto, que implicar\u00e1 centralizar la polic\u00eda, incluso frente a gobiernos locales; y la Ley de Seguridad Interior para concretar un Estado policiaco-militar en todo el territorio nacional que asegure a transnacionales, la apropiaci\u00f3n del territorio y los recursos mexicanos.
El estudio concluye: abuso del poder para el despojo, violaci\u00f3n del derecho internacional suscrito por M\u00e9xico, resoluciones judiciales contradictorias o ignoradas por autoridades, todo para imponer un modelo de desarrollo “extractivista”, de saqueo. En efecto, transgreden el Convenio 169 adoptado por la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado mexicano (1990), la “Declaraci\u00f3n sobre Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas” de la ONU (2007), una Resoluci\u00f3n de la CIDH de junio 27 de 2012, que establecen, en conjunto, derechos de los pueblos ind\u00edgenas: para que el Estado proteja la utilizaci\u00f3n, administraci\u00f3n y conservaci\u00f3n de sus tierras, territorios y sus recursos naturales, en raz\u00f3n de la propiedad tradicional u otra forma; deben ser consultados, mediante sus propios procedimientos e instituciones representativas, asegurar el consentimiento previo, libre, informado.
En dos de los tres casos del estudio mencionado, Pe\u00f1a Nieto es responsable: la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada por \u00e9l a OHL; el Aeropuerto de la Ciudad de M\u00e9xico, pese al antecedente de la brutal represi\u00f3n en Atenco ordenada por Pe\u00f1a gobernador, se contin\u00faa ahora con expropiaciones a los pueblos circundantes y despojo de material para el proyecto de negocios “estelar” de mexiquenses. El gobierno de Pe\u00f1a obligado por mandato constitucional a defender el territorio nacional y proteger los derechos de comunidades y pueblos ind\u00edgenas, bajo el disfraz neoliberal, es su principal enemigo. No s\u00f3lo abre el camino a la voracidad de las transaccionales, sino reforma las leyes para beneficiarlas, garantizando sus intereses, auspiciando un sistema represivo contra su propio pueblo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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