\u00a0 \u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Inicialmente, por la presi\u00f3n del Departamento de Estado norteamericano, fue que M\u00e9xico opt\u00f3 por incorporar ese sistema oral y de corte garantista, todo ello en medio de lo que en su momento tambi\u00e9n supuso una aut\u00e9ntica crisis de seguridad p\u00fablica\u2028<\/p>\n
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Durante las \u00faltimas semanas, diversos actores de la pol\u00edtica, la academia y la sociedad civil, han puesto en entredicho la capacidad operativa del nuevo sistema justicia penal acusatorio, para hacer frente de manera correcta a lo que consideran una verdadera crisis nacional en materia de seguridad p\u00fablica.
A esa percepci\u00f3n han contribuido recientes sucesos que afectan al funcionamiento general de la sociedad, sobre todo a la tranquilidad ciudadana, como el aumento en el n\u00famero de secuestros, la orde\u00f1a de hidrocarburos por los “huachicoleros” y la puesta en libertad provisional de personas que portan armas de alto poder.
En este punto, para muchos emerge la “contrarreforma” como la soluci\u00f3n \u00f3ptima al sistema de justicia penal, que se incorpor\u00f3 con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Al respecto, habr\u00eda que preguntarse \u2014antes que nada\u2014 c\u00f3mo llegamos al actual escenario y qu\u00e9 soluciones deben tomarse para resolverlo.
Inicialmente, por la presi\u00f3n del Departamento de Estado norteamericano, fue que M\u00e9xico opt\u00f3 por incorporar ese sistema oral y de corte garantista, todo ello en medio de lo que en su momento tambi\u00e9n supuso una aut\u00e9ntica crisis de seguridad p\u00fablica, lo que vino a favorecer \u2014a la postre\u2014 a los procesados por delitos graves.
A ello se sum\u00f3 la diversa reforma constitucional de 10 de junio de 2011 sobre derechos humanos, que signific\u00f3 reforzar m\u00e1s a\u00fan ese contexto “h\u00edper garantista”, m\u00e1xime al incorporar el principio “pro persona”, que favorece con la protecci\u00f3n m\u00e1s amplia a todas las partes en el proceso penal, incluyendo al propio inculpado.
No obstante, no deber\u00edamos nunca confundir el cambio legislativo que hubo en nuestro sistema penal \u2014que a todas luces fue necesario, leg\u00edtimo e impostergable\u2014 con su deficiente ejecuci\u00f3n institucional. La realidad es que no debemos retroceder en el camino andado, sino avanzar de manera distinta y con mayor acierto.
Efectivamente, para que tenga \u00e9xito el nuevo sistema penal existen una serie de requisitos esenciales que no fueron cumplidos ni por las entidades federativas ni por la Federaci\u00f3n. Sin estos la reforma estar\u00e1 invariablemente destinada al fracaso, con o sin contrarreforma, por lo que previamente a \u00e9sta \u00faltima deber\u00edan atenderse.
En primer lugar, el sistema garantista debe proteger de forma privilegiada a los derechos de las v\u00edctimas y ofendidos por la comisi\u00f3n de los delitos, as\u00ed como los intereses de la sociedad en general, adem\u00e1s de ofrecerles servicios de defensor\u00eda y asesor\u00eda jur\u00eddica gratuita y de calidad, en todas las etapas, desde la investigaci\u00f3n.
Destacadamente, debe mejorar mucho el sistema carcelario, que no rehabilita al sentenciado ni separa de modo adecuado al procesado, para quien debe adoptarse un sistema de detenci\u00f3n preventiva y un mecanismo de seguimiento cuando goza de libertad provisional, como el uso de brazalete electr\u00f3nico en entorno controlado.
Para que auxilie al juzgador, la polic\u00eda debe ser experta en el proceso, adem\u00e1s de cumplir toda determinaci\u00f3n, iniciando con la de su comparecencia. En este sentido, es fundamental la capacitaci\u00f3n de todos los operadores del sistema, adem\u00e1s de disponer de un cuerpo de peritos legistas, que sean profesionales e independientes. Debe fortalecerse la cadena de custodia; adem\u00e1s de evitar y castigar la reincidencia con un sistema de informaci\u00f3n criminal actualizado y de vanguardia.
Tambi\u00e9n debe fomentarse la denuncia, impulsarse la resoluci\u00f3n alternativa de controversias e instaurar procedimientos abreviados. Lamentablemente, por la falta de capacidad de la parte acusatoria y por el sistema garantista en s\u00ed mismo, el procesado opta por acudir al juez de sentencia antes que buscar cualquier arreglo.
Por \u00faltimo, es esencial desvincular la falsa expectativa que se cre\u00f3 en la sociedad, puesto que la nueva justicia penal no resolver\u00e1 \u2013por s\u00ed sola\u2013 nuestros serios problemas en seguridad p\u00fablica. En concreto, la reciente propuesta para ampliar el cat\u00e1logo de delitos que son parte de la prisi\u00f3n preventiva oficiosa, tampoco lo har\u00e1.
Al no haberse satisfecho las exigencias para su adecuada operaci\u00f3n, dicho sistema simboliza ya la “puerta giratoria” \u2013lo que es injusto\u2013 pues su \u00e9xito siempre ha dependido de su oportuna institucionalizaci\u00f3n, lo cual no ha sucedido hasta la fecha. Si esto no se corrige, el siguiente problema lo ser\u00e1n seguramente las absoluciones en cascada y, por qu\u00e9 no, el colapso mismo del sistema. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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