La violencia sexual es una de las formas de violencia m\u00e1s agraviantes y es doblemente vejatoria cuando se comete en contra de menores de edad<\/p>\n
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No cabe duda que la indignaci\u00f3n social que provoc\u00f3 el amparo del juez federal, Anuar Gonz\u00e1lez Hamadi, para dejar sin efecto el auto de formal prisi\u00f3n en contra de Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro “Porkys”, pes\u00f3 en la resoluci\u00f3n expedita del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para suspender a dicho juez de Veracruz. La ira que se manifest\u00f3 con insistencia en las redes sociales y en los medios de comunicaci\u00f3n no pod\u00eda ser ignorada y el CJF habr\u00e1 de investigar con detenimiento la actuaci\u00f3n del juez.
La violencia sexual es una de las formas de violencia m\u00e1s agraviantes y es doblemente vejatoria cuando se comete en contra de menores de edad como fue el caso de la forma multitudinaria en que los cuatro j\u00f3venes abusaron sexualmente de Daphne Fern\u00e1ndez que entonces ten\u00eda 17 a\u00f1os de edad.
Resultan muy reprobables los argumentos de Gonz\u00e1lez Hamadi para liberar al acusado, pues, en su opini\u00f3n, no se acredit\u00f3 una declarada intenci\u00f3n de violar a la joven, ni una conducta lasciva, o la indefensi\u00f3n de la v\u00edctima. De ah\u00ed el repudio social que desat\u00f3 la sentencia para liberar de la prisi\u00f3n a Cruz Alonso, quien se hab\u00eda fugado a Espa\u00f1a para escapar de la justicia mexicana.
El CJF no debe intervenir en las decisiones y opiniones de los jueces federales, es decir, no puede juzgar los casos a partir de la forma como se interpreta la ley, porque ello implicar\u00eda violar un principio b\u00e1sico que es garantizar la independencia de quienes juzgan. Lo que s\u00ed puede verificar el CJF, y lo hizo en esta ocasi\u00f3n, es que las sentencias se sustenten en las pruebas y documentaci\u00f3n aportadas y que siempre se atienda la jurisprudencia obligatoria que existe. La presi\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica fue clave para que el CJF determinara suspender al juez federal para revisar su actuaci\u00f3n.
Vale la pena recordar que, a diferencia de los jueces y magistrados del \u00e1mbito local que suelen ser nombrados, en \u00faltima instancia, por sus respectivos gobernadores, los del federal surgen de un proceso de selecci\u00f3n profesional y competido para garantizar tanto sus conocimientos t\u00e9cnicos, como su autonom\u00eda de criterio para juzgar. Empero, un buen examen de ingreso no es suficiente para garantizar que su desempe\u00f1o siempre cumpla con dichos principios, lo cual obliga a una supervisi\u00f3n permanente de parte de la autoridad.
Este caso debe convertirse en paradigm\u00e1tico de c\u00f3mo la presi\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica puede impulsar resoluciones que ayuden a combatir la impunidad en el acceso a la justicia de ni\u00f1as, adolescentes y mujeres. La fuerte exigencia social que hoy existe para que las autoridades judiciales sancionen a los responsables de delitos y dicten la reparaci\u00f3n del da\u00f1o a las v\u00edctimas se funda en los diagn\u00f3sticos nacionales que existen sobre violencia sexual. Seg\u00fan la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas, al a\u00f1o se cometen 600 mil delitos sexuales y 9 de cada 10 v\u00edctimas son mujeres; 4 de las 10 son menores de quince a\u00f1os y la mayor\u00eda de ellas no revelan que sufrieron abusos sexuales por miedo, o por verg\u00fcenza.
El pronunciamiento conjunto de varias instituciones que luchan para erradicar la violencia de g\u00e9nero y de las menores se\u00f1ala que el mayor riesgo de una sentencia que califica el abuso sexual por las intenciones del agresor, es su normalizaci\u00f3n en el entorno social. La impartici\u00f3n de justicia sin perspectiva de g\u00e9nero impide que se combata la discriminaci\u00f3n que es estructural y tolerada.
El caso de los “Porkys” debe obligar al Poder Judicial a establecer criterios claros sobre los elementos subjetivos y objetivos que configuran los delitos de violaci\u00f3n y abuso sexual. No puede permitirse que la subjetividad impregnada de misoginia oriente las posturas de los jueces locales y federales, si lo que queremos es evitar la impunidad y que la justicia alcance a las ni\u00f1as, adolescentes y mujeres.
Correo: peschardjacqueline@gmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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