Visto en retrospectiva, lo electoral ha contribuido a modificar el mapa pol\u00edtico de nuestro pa\u00eds, pero ha servido tambi\u00e9n al florecimiento de una industria en donde la reproducci\u00f3n de burocracias, el aumento de privilegios y el gasto exacerbado representan sus caracter\u00edsticas comunes.<\/p>\n
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Las medidas de austeridad orilladas por la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual, agudizadas por el incremento en los combustibles, aparecen como decisiones excepcionales que la vuelta a una normalidad deber\u00eda clausurar. No obstante, hay \u00e1mbitos en donde resulta inexorable hacer de la austeridad una pol\u00edtica institucional cotidiana en lugar de una pr\u00e1ctica de car\u00e1cter excepcional, forzada por las circunstancias. El electoral es uno de ellos.
En efecto, los avances alcanzados en la materia durante las \u00faltimas cuatro d\u00e9cadas (1977-2017) desvelan que muchos de los objetivos perseguidos por nuestra transici\u00f3n democr\u00e1tica se han conseguido ya, y que el patrimonio democr\u00e1tico adquirido nos pone frente a la ocasi\u00f3n de cerrar este ciclo hist\u00f3rico, y de abrir uno nuevo que priorice el necesario desmantelamiento de los excesos que en la actualidad abriga nuestra organizaci\u00f3n electoral, a partir de un cuidadoso ejercicio de ponderaci\u00f3n entre la obligaci\u00f3n de mantener la fortaleza de la institucionalidad adquirida, y la exigencia, igualmente relevante, de dar paso a una renovada austeridad electoral.
Ese desmantelamiento deber\u00eda comenzar por el dinero p\u00fablico entregado a los partidos a trav\u00e9s de 33 fuentes de financiamiento (una federal y 32 estatales), y que en 2017, s\u00f3lo para el mantenimiento de sus burocracias ascender\u00e1 a cerca de 8,500 millones de pesos. Es necesario que hacia adelante, los militantes, simpatizantes, candidatos y representantes populares se hagan cargo del soporte a sus partidos, sin ocultar que los l\u00edmites al financiamiento privado y los topes de gastos de campa\u00f1a constituyen hoy los principales alicientes de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica.
No menos importante es discutir el tama\u00f1o de nuestro aparato electoral, cuya obesidad no tiene parang\u00f3n en otra democracia. Hoy se asoma como una superestructura en donde el INE, con sus 16 mil trabajadores, convive con 32 OPLES, cada uno con sus propias burocracias para llegar a los estados, los 300 distritos federales, a los locales y los municipios respectivamente, generando un amplio despliegue de estructuras, personas y recursos que esencialmente hacen lo mismo: organizar elecciones. En esta ecuaci\u00f3n, sobresale el INE por el redimensionamiento de un car\u00e1cter nacional que le permite asumir la conducci\u00f3n de muchas tareas dentro de los comicios locales, y los OPLES por el debilitamiento que le trajo la injerencia cada vez m\u00e1s amplia del INE y la carencia de recursos econ\u00f3micos suficientes para afrontar su funci\u00f3n.
Bien har\u00edamos en tomar esta discusi\u00f3n en serio. Las condiciones pol\u00edticas y sociales imperantes exigen el adelgazamiento del centenar de instituciones electorales del pa\u00eds, la dr\u00e1stica reducci\u00f3n del financiamiento p\u00fablico de los partidos, y la erradicaci\u00f3n de los privilegios bajo los que la familia pol\u00edtica y electoral sirven a la \u2014o se sirven de la\u2014 democracia. Empecemos ya.
@AstudilloCesar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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