Los gobiernos estatales y municipales deben entender que la sociedad ya no quiere pretextos. Tiene que haber compromisos vinculantes en el aspecto policiaco y de procuraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n
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La seguridad, la justicia, el respeto a la ley son temas que preocupan y afectan profundamente a la sociedad mexicana. A M\u00e9xico le urge que nos pongamos de acuerdo todas las partes, asumiendo el compromiso de cumplir cada quien con lo que nos corresponde.
Un alto en el camino para evaluar y comprometernos: los tres Poderes de la Uni\u00f3n y los tres niveles de gobierno, los actores pol\u00edticos, los empresarios, los ciudadanos. Generar una convicci\u00f3n compartida de los valores que deben guiarnos y las acciones urgentes que deben emprenderse para poner en el centro de la agenda a la seguridad p\u00fablica y la disminuci\u00f3n contundente de la delincuencia, la violencia y la impunidad.
El nuevo acuerdo que M\u00e9xico necesita no es un arreglo pol\u00edtico, sino activar la transformaci\u00f3n que s\u00f3lo puede producirse cuando cada sector cumple con la responsabilidad que le corresponde. Hablamos de exigencia, pero tambi\u00e9n de compromiso de cada una de las partes.
De acuerdo con la \u00faltima Encuesta Nacional de Victimizaci\u00f3n y Percepci\u00f3n sobre Seguridad P\u00fablica (Envipe, del Inegi), en 2015 hubo una disminuci\u00f3n de la incidencia de delitos en el pa\u00eds, pero al mismo tiempo, 72% de los mexicanos mayores de 18 a\u00f1os considera que es inseguro vivir en su estado. La confianza est\u00e1 deteriorada, y por ello la \u201ccifra negra\u201d tambi\u00e9n sigue en niveles muy altos: 94% de los delitos no se denuncian o desembocan en averiguaciones previas.
Seg\u00fan la estimaci\u00f3n del Inegi, el costo que provocaron la inseguridad y el delito en 2015 fue de 236 mil millones de pesos, 1.25% del PIB. Pero la cifra puede ser mucho m\u00e1s alta si tenemos en cuenta todos los gastos que no se reportan.
El problema no se limita al crimen organizado y la delincuencia com\u00fan; hay que considerar una conflictividad social que implica, en ciertas zonas, disrupci\u00f3n del orden p\u00fablico, del Estado de Derecho y que afecta la gobernabilidad.
Este es un problema y un desaf\u00edo de todos los mexicanos; no solamente de un gobierno. No hay soluciones m\u00e1gicas, sino estrategias eficaces a las que les siga el esfuerzo constante de autoridades, sociedad civil, empresas, trabajadores y ciudadanos. Aqu\u00ed no pueden caber las diferencias ideol\u00f3gicas, ni aceptarse los pretextos de jurisdicciones de cada orden de gobierno, cuando debe mediar la coordinaci\u00f3n y la corresponsabilidad.
El llamado es a una revisi\u00f3n de conjunto, a una pol\u00edtica de Estado, con la que pongamos en claro la situaci\u00f3n objetiva, las prioridades y los compromisos. Hay que comenzar por puntos fundamentales, concretos y urgentes.
El Ejecutivo federal debe hacer, junto con la sociedad, un an\u00e1lisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado. Es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta.
Los gobiernos estatales y municipales deben entender que la sociedad ya no quiere pretextos. Tiene que haber compromisos vinculantes en el aspecto policiaco y de procuraci\u00f3n de justicia.
En el Poder Legislativo hay que incorporar en la agenda prioritaria todo el paquete de reformas relacionadas con la seguridad p\u00fablica, que lamentablemente se ha venido politizando y postergando. Urge la legislaci\u00f3n para dar certeza jur\u00eddica a la actuaci\u00f3n de nuestras Fuerzas Armadas y la legislaci\u00f3n de coordinaci\u00f3n y mandos policiacos.
En el \u00e1mbito del Poder Judicial deben redoblarse los esfuerzos para la implementaci\u00f3n del sistema de justicia penal acusatorio, con un programa puntual con el que pueda superarse el retraso que tenemos en esta materia.
Confianza es la palabra clave: confianza para que el ciudadano pueda denunciar y encontrar justicia, para que el sistema funcione evitando la impunidad.
Tambi\u00e9n desde la sociedad debemos cumplir con nuestra parte: respetar las normas, acatar la ley, educar en valores a nuestros hijos. Generar una nueva cultura de respeto de la legalidad que, por supuesto, involucre tambi\u00e9n a las empresas desde sus propios reglamentos y c\u00f3digos de \u00e9tica, desde la formaci\u00f3n de sus colaboradores y la promoci\u00f3n de pr\u00e1cticas de honestidad e integridad.
M\u00e9xico necesita, exige, que todos cumplamos nuestra parte en la soluci\u00f3n de \u00e9ste, que es el m\u00e1s grave problema que enfrentamos. Es un reto de largo plazo, complejo, pero tenemos que empezar hoy.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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