La progresividad sustantiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos exactamente es acorde con el permanente fortalecimiento de los derechos humanos de las personas, incluyendo los de naturaleza pol\u00edtico-electoral<\/p>\n
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Luego de permanecer al margen del control constitucional, desde 1996 la justicia electoral mexicana resuelve \u2014a trav\u00e9s de un completo sistema de medios de impugnaci\u00f3n\u2014 las diversas controversias que se vinculan con el proceso comicial.
Actualmente, la ley general en la materia es la base para esa tutela judicial efectiva de la organizaci\u00f3n de las elecciones, de la vida interna de los partidos pol\u00edticos y de la posibilidad de revisar las sentencias dictadas por los tribunales competentes.
Dentro de sus instituciones procesales, el denominado \u201cjuicio para la protecci\u00f3n de los derechos pol\u00edtico-electorales\u201d, ciertamente ocupa hoy un lugar central, justamente al otorgar materialidad a esos derechos en favor de los ciudadanos.
Su dise\u00f1o tom\u00f3 en cuenta que la materia electoral hab\u00eda estado acotada al no contemplar la suspensi\u00f3n de actos electorales, lo que exigi\u00f3 \u2014como primer paso\u2014 la l\u00f3gica brevedad en su instrumentaci\u00f3n mediante la concentraci\u00f3n procesal. No obstante, la realidad es que el reciente redimensionamiento de los derechos pol\u00edticos, traducido en figuras como la candidatura independiente, la paridad de g\u00e9nero y la protecci\u00f3n a pueblos ind\u00edgenas, hacen aconsejable una nueva revisi\u00f3n.
La progresividad sustantiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos exactamente es acorde con el permanente fortalecimiento de los derechos humanos de las personas, incluyendo los de naturaleza pol\u00edtico-electoral.
Efectivamente, si bien el Pacto de San Jos\u00e9 esencialmente incorpora en sus art\u00edculos 8.1, 24 y 25 las garant\u00edas de audiencia y de debido proceso, la verdad es que su m\u00e1s cercana interpretaci\u00f3n ya se dirige a la denominada \u201cjusticia equitativa\u201d.
Se trata de una tendencia l\u00f3gica que apunta a la igualdad de armas y de participaci\u00f3n procesal igualitaria, contenidos en los art\u00edculos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
De este modo, consideramos que la nueva justicia nacional electoral debe transitar hacia la definitiva equidad procesal, que garantice el acceso a una jurisdicci\u00f3n eficaz, completa e integral, que comprenda la debida ejecuci\u00f3n de la resoluci\u00f3n.
Esa equidad adjetiva debe permitir que toda persona que forma parte de la relaci\u00f3n procesal electoral mexicana, cuente con el mismo tratamiento, instrumentos y expectativas para ser favorecido por parte de un juzgador imparcial y competente.
En el caso Van Der Mussele v. Belgium de 1983, el Tribunal de Estrasburgo adopt\u00f3 ese ideario cuando incluy\u00f3 como caracter\u00edstica fundamental de un sistema judicial democr\u00e1tico, el derecho a ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio.
Dicha progresividad jurisdiccional hacia la tutela judicial aut\u00e9nticamente equitativa, debe ser por tanto el hilo conductor que perfile al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n como el m\u00e1ximo \u00f3rgano especializado de nuestro pa\u00eds.
En su quehacer, como el tribunal constitucional de una democracia que se construye de forma cotidiana, debe prevalecer la visi\u00f3n sustantiva que camina sin titubeos hacia un esquema de justicia igualitaria que es propio de la sociedad incluyente y multicultural.
Ciertamente, la incorporaci\u00f3n de la Defensor\u00eda P\u00fablica Electoral para Pueblos y Comunidades Ind\u00edgenas, publicada el pasado marzo, es un paso fundamental para lograr las condiciones de igualdad procesal que exige nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.
Sin embargo, ello es s\u00f3lo un giro en la direcci\u00f3n correcta, la que exige continuar en la dif\u00edcil tarea de identificar, corregir y equilibrar las injustificables diferencias reglamentarias, estructurales y jur\u00eddicas que subsisten para una misma ciudadan\u00eda.
La agenda de trabajo, entrega y compromiso en esta palpitante ruta, que hoy por su naturaleza es irrenunciable y que s\u00f3lo requiere de una r\u00e1pida mirada para encontrarla, es generosa, alentadora y estimulante.
As\u00ed, est\u00e1n los derechos de ni\u00f1os y j\u00f3venes, migrantes, personas vulnerables y con discapacidad, en estado de interdicci\u00f3n, residentes en el extranjero y privadas de su libertad, entre otros tantos supuestos. No debemos perder m\u00e1s tiempo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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