\u00bfDardos envenenados?<\/p>\n
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Siempre me han gustado las f\u00f3rmulas \u201cpolitizar la justicia\u201d y \u201cjudicializar la pol\u00edtica\u201d porque encapsulan \u2014con la ret\u00f3rica pretensi\u00f3n de denunciarlos\u2014 fen\u00f3menos que son una realidad en todos los Estados constitucionales.
La justicia, sobre todo la constitucional, siempre ha tenido y tendr\u00e1 una dimensi\u00f3n pol\u00edtica. Pensemos en las controversias constitucionales para disputar partidas presupuestales entre los diferentes \u00f3rdenes de gobierno o en las implicaciones de decisiones judiciales que obligan a reformar leyes o incluso Constituciones estatales como en el caso del matrimonio igualitario. La carga pol\u00edtica es ineludible. Y, as\u00ed como la justicia est\u00e1 politizada, la pol\u00edtica suele judicializarse. Basta con pensar en la arena electoral o en las acciones de inconstitucionalidad con las que las minor\u00edas parlamentarias combaten ante la Corte las decisiones mayoritarias de los cuerpos legislativos.
Despolitizar los or\u00edgenes y los efectos de esas decisiones es imposible. Por eso los jueces constitucionales deben estar conscientes de las implicaciones pol\u00edticas de sus decisiones. Pero esto no significa que deban resolver pol\u00edticamente ni que todas las disputas pol\u00edticas puedan ni deban judicializarse. Los tribunales est\u00e1n acotados por los rigores del Derecho y, por lo mismo, su involucramiento en cuestiones pol\u00edticas debe tener sustento en diferendos jur\u00eddicos genuinos de resultado incierto. De lo contrario la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica s\u00ed puede convertirse en un dardo envenenado para los juzgadores.
Escribo estas reflexiones a prop\u00f3sito de las acciones de inconstitucionalidad que, a petici\u00f3n del presidente Pe\u00f1a Nieto, interpuso la PGR en contra de algunas decisiones de los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua en materia de anticorrupci\u00f3n. Entiendo y celebro el \u00e1nimo pol\u00edtico que est\u00e1 detr\u00e1s de esos recursos, pero temo que puedan ser un petardo en las manos de los jueces.
Desconozco los t\u00e9rminos legales en los que los recursos fueron redactados y por lo mismo no prejuzgo sobre su (in)viabilidad legal pero, precisamente por ello, tengo claro que es imposible anticipar el veredicto de los jueces. Y esa imposibilidad \u2014que depende de los t\u00e9rminos de las normas impugnadas, de los argumentos de la PGR, de interpretaci\u00f3n de cada uno de los jueces constitucionales\u2014 contrasta de manera frontal con las expectativas generadas por el gobierno y su partido ante la opini\u00f3n p\u00fablica.
En conferencia de prensa, el subprocurador jur\u00eddico de la PGR declar\u00f3 que se presentaban las acciones con la finalidad de que la Suprema Corte \u201cadvierta que las entidades federativas mencionadas, carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupci\u00f3n sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es m\u00e1s, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias\u201d. Ello, remat\u00f3 el vocero del gobierno mexicano, Eduardo S\u00e1nchez, porque \u201cen la lucha contra la corrupci\u00f3n no puede haber excepciones\u201d.
De esta manera se transmiti\u00f3 un mensaje capcioso: frente a las intentonas de los gobernadores pri\u00edstas que buscan procurarse impunidad, el gobierno de la Rep\u00fablica acude a la Corte para que los ponga en orden. Para colmo, el presidente del PRI acudi\u00f3 al Senado para que los legisladores de su partido pidan al presidente de esa C\u00e1mara que inste a los ministros a brindar a las acciones de inconstitucionalidad un trato prioritario. Esa facultad est\u00e1 contemplada en la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 94) y pueden ejercerla tanto las C\u00e1maras como el Presidente de la Rep\u00fablica a trav\u00e9s del consejero jur\u00eddico del gobierno cuando justifiquen \u201cla urgencia atendiendo al inter\u00e9s social o al orden p\u00fablico\u201d.
Pero, \u00bfqu\u00e9 suceder\u00e1 si, por consideraciones t\u00e9cnicas de \u00edndole jur\u00eddico, la mayor\u00eda de los ministros no le otorga la raz\u00f3n al gobierno? Esa posibilidad es real y debe serlo para que nuestro Estado sea un Estado constitucional fincado en la divisi\u00f3n de los poderes. Ni m\u00e1s ni menos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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