Enfrascados en una compleja construcci\u00f3n de medidas legislativas para regular la actuaci\u00f3n pol\u00edtica, se ha sancionado una serie de disposiciones jur\u00eddicas que imponen como obligaci\u00f3n a los servidores p\u00fablicos y pol\u00edticos de la Ciudad a declarar p\u00fablicamente todos sus bienes, sus relaciones y sus gastos. La medida, sin lugar a dudas, es encomiable cuando se trata de regular el \u00e1mbito pol\u00edtico. Sin embargo, hay \u00e1mbitos dentro de las estructuras de los Estados de derecho que no corresponden a esa categor\u00eda. Este \u00e1mbito ha sido, por excelencia, el \u00e1mbito de la Judicatura.<\/p>\n
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Se acepta como correcto que los dos atributos m\u00e1s importantes de un Poder Judicial son su independencia y su autonom\u00eda. La independencia, como todos sabemos, se refiere a la ausencia de intromisiones por parte de otros poderes. Es decir, que los jueces no est\u00e9n sometidos al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. En pocas palabras, lo que sugiere el principio de independencia judicial es que los jueces no est\u00e9n al servicio de la pol\u00edtica. Que no se politice la jurisdicci\u00f3n.
La autonom\u00eda, en cambio, se refiere a la capacidad de decisi\u00f3n de cada juez; en su m\u00e1s estricta individualidad. La autonom\u00eda se garantiza cuando los jueces no sufren intromisiones externas que logren vulnerar su capacidad y facultad de decisi\u00f3n libre. La autonom\u00eda es una de las cualidades m\u00e1s relevantes de la decisi\u00f3n judicial. Si un juez se siente amenazado, vulnerado o presionado para tomar una decisi\u00f3n, este juez no tomar\u00e1 una decisi\u00f3n que considere \u00e9l mismo como correcta. Ser\u00e1 una decisi\u00f3n sesgada, miedosa y timorata. La justicia, en ese caso, no ser\u00e1 el resultado. El resultado ser\u00e1 la imposici\u00f3n de alguna forma de poder externo.
Defender la privacidad de las vidas de los jueces es proteger su individualidad. Es proteger su capacidad para decidir libremente sin presiones de ning\u00fan tipo. Por ello, los jueces, dentro de un Estado de derecho, no pertenecen al \u00e1mbito de la pol\u00edtica. No son pol\u00edticos ni son, en estricto sentido del t\u00e9rmino, servidores p\u00fablicos. Son funcionarios dedicados al cuidado de la justicia capitalina; funcionarios que deben procurar, a toda costa, alejarse de las negociaciones pol\u00edticas y de las intromisiones externas. Esta clase de poder puede ser ejercido desde los otros poderes del Estado, desde los medios de comunicaci\u00f3n o desde la sociedad en general. No obstante, lo cierto es que una justicia sesgada por miedo, no es justicia.
No son pocos los ejemplos que se pueden dar de amenazas directas, llamadas telef\u00f3nicas obscenas e intimidatorias, de mensajes escritos y amedrentaciones f\u00edsicas que sufren los jueces capitalinos d\u00eda con d\u00eda. Todas con un solo prop\u00f3sito y con un \u00fanico destino, mellar en la autonom\u00eda judicial, guiar la decisi\u00f3n de los jueces y, al fin y al cabo, salirse con la suya. Mayor corrupci\u00f3n que esa no hay.
Si obligamos a que los jueces hagan del dominio p\u00fablico sus domicilios, sus cuentas bancarias, sus relaciones de amistad y de familia, lo que estamos poniendo en peligro es la justicia capitalina. Por contrarrestar un problema pol\u00edtico, estamos afectando el \u00fanico basti\u00f3n de lucha: la justicia que se imparte en los tribunales. Golpear la independencia y la autonom\u00eda judicial no es luchar en contra de la corrupci\u00f3n ni en contra de los abusos, es acabar con el Estado de derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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