Como se ha dicho anteriormente, la prisi\u00f3n preventiva suele tener dos vertientes: la primera, como medida cautelar<\/em> impuesta a una persona mientras es investigada, y la segunda, como pena<\/em> impuesta como condena por un delito.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en el primer caso, mientras dura la investigaci\u00f3n, el art\u00edculo 20 Constitucional, apartado B, fracci\u00f3n IX, en relaci\u00f3n al art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales, establecen que la prisi\u00f3n preventiva en ning\u00fan caso ser\u00e1 superior a dos a\u00f1os<\/strong> <\/em><\/strong>salvo que la persona imputada este ejerciendo su derecho a defenderse (realizando su propia investigaci\u00f3n, aportando elementos de prueba a su favor, impugnando las resoluciones en su contra \u2013por ejemplo-), pero si han transcurrido dos a\u00f1os y no se ha emitido sentencia, la persona imputada deber\u00e1 ser puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n No obstante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, reci\u00e9n sustent\u00f3 el criterio jurisprudencial consistente en que la prisi\u00f3n preventiva (como medida cautelar) puede ser revisable<\/strong> transcurridos esos dos a\u00f1os que refieren las normas se\u00f1aladas, pudiendo no s\u00f3lo cancelarse, sino PROLONGARSE.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este criterio, apunta que, cuando se pida la revisi\u00f3n luego de que la persona imputada ha estado DOS A\u00d1OS EN PRISI\u00d3N SIN RECIBIR SU SENTENCIA, deben considerarse varios aspectos para decidir si la misma cesa o se prolonga, como: <\/p>\n\n\n\n Par\u00e1metros que han de examinar juzgadoras y juzgadores para determinar si se accede a cancelar la prisi\u00f3n preventiva y que la persona imputada siga su proceso penal en libertad (quiz\u00e1 con alguna otra medida cautelar distinta a la prisi\u00f3n preventiva) o bien, si debe prolongarse por M\u00c1S DE DOS A\u00d1OS la prisi\u00f3n preventiva de la persona imputada A\u00daN SIN SER CONDENADA, cuyo l\u00edmite ser\u00e1 entonces el m\u00e1ximo de la pena de prisi\u00f3n para el delito espec\u00edfico de que se trate el proceso que se le sigue.<\/p>\n\n\n\n Esta resoluci\u00f3n sin duda, genera la posibilidad de que la restricci\u00f3n a la libertad de las personas procesadas pueda prolongarse \u201cindefinidamente\u201d aunque no exista una sentencia definitiva condenatoria emitida, lo que trastoca considerablemente este derecho fundamental y \u201csolapa\u201d la falta de debida diligencia<\/em><\/strong> de los operadores jur\u00eddicos, ll\u00e1mese: agentes policiales o del Ministerio P\u00fablico, abogadas o abogados defensores, peritas (os), jueces o juezas, transgrediendo otros derechos humanos adem\u00e1s de la libertad, como el debido proceso, la justicia pronta y expedita, por mencionar algunos.<\/p>\n\n\n\n Por ello, es importante recordar que las condenas que han sido impuestas al Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen un punto de coincidencia reiterada en los m\u00faltiples casos: la falta de debida diligencia en las investigaciones y procesos penales resueltos.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, habr\u00e1 que observar las consecuencias que genera en el sistema procesal penal mexicano este criterio novedoso del M\u00e1ximo Tribunal en el pa\u00eds, sin duda con el \u00e1nimo de que no se olvid\u00e9 que \u201cLa justicia que no es pronta ni expedita, NO ES JUSTICIA.\u201d<\/em> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A DOS A\u00d1OS: la prisi\u00f3n preventiva ser\u00e1 revisable Como se ha dicho anteriormente, la prisi\u00f3n preventiva suele tener dos vertientes: la primera, como medida cautelar impuesta a una persona mientras es investigada, y la segunda, como pena impuesta como condena por un delito. 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