El caso de Ayotzinapa se ha convertido en una verg\u00fcenza nacional. Ojal\u00e1 se convierta tambi\u00e9n en un trampol\u00edn de cambio.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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No sabemos si los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron incinerados por sus captores. Pero, sin lugar a dudas, algo se quem\u00f3 en este caso: la reputaci\u00f3n de la PGR.
Obviemos la discusi\u00f3n sobre el destino de los cad\u00e1veres. Mejor concentrarse en la descripci\u00f3n de la incompetencia de las procuradur\u00edas, contenida en el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: escenas del crimen no levantadas o mal preservadas, evidencia perdida, peritajes incompetentes, diligencias no realizadas o realizadas a destiempo.
Sobra decir que no se trataba de cualquier asunto. Las autoridades estaban sometidas a severa presi\u00f3n nacional e internacional. El Presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto comprometi\u00f3 todos los recursos del Estado para resolver el caso. El prestigio del pa\u00eds iba de por medio.
Y aun as\u00ed, la PGR s\u00f3lo pudo construir un caso a la vieja usanza, con confesiones de presuntos responsables, probablemente arrancadas por la v\u00eda de la tortura. Y un caso, adem\u00e1s, donde falta el m\u00f3vil: nadie tiene claridad sobre las razones para secuestrar y (probablemente) asesinar a los normalistas.
\u00bfPor qu\u00e9 tanta incompetencia? No lo s\u00e9 a ciencia cierta, pero van algunas hip\u00f3tesis: <\/p>\n
1. Las procuradur\u00edas, lo mismo las estatales que la federal, son instituciones altamente politizadas. Sus responsables deben el cargo al titular del Ejecutivo (estatal o federal) y por tanto, deben entregar resultados en tiempos pol\u00edticamente relevantes. Eso no contribuye a producir investigaciones profesionales y genera incentivos para fabricar culpables. <\/p>\n
2. El control judicial sobre las procuradur\u00edas ha sido tradicionalmente d\u00e9bil. En el sistema de justicia penal que estamos dejando atr\u00e1s, la consignaci\u00f3n de un presunto responsable ante un juez es casi equivalente a una sentencia condenatoria. Casi todo tipo de evidencia es aceptable, sin importar como fue obtenida, y nada vale m\u00e1s que una confesi\u00f3n. No es un entorno muy propicio para la investigaci\u00f3n cient\u00edfica.
3. La procuraci\u00f3n de justicia no ha sido una prioridad presupuestal. De 2006 a 2015, el presupuesto de la PGR creci\u00f3 apenas 32% en t\u00e9rminos reales. El resto de las dependencias del sector seguridad (SEDENA, SEMAR, SSP\/SEGOB) vio su presupuesto real m\u00e1s que duplicarse en el mismo periodo. En 2015, la PGR sufri\u00f3 un recorte presupuestal y probablemente haya m\u00e1s tijera el a\u00f1o que entra. Esa escasez financiera relativa ha pospuesto una y otra vez diversas iniciativas de modernizaci\u00f3n de la PGR. Algo similar sucede en las procuradur\u00edas estatales.
Algunas reformas recientes podr\u00edan contribuir a resolver algunos de los problemas listados. La PGR se convertir\u00e1 en 2018 en una Fiscal\u00eda aut\u00f3noma. Algunas procuradur\u00edas estatales caminan en la misma ruta. Eso podr\u00eda ayudar a despolitizar la procuraci\u00f3n de justicia. Por su parte, la reforma al sistema de justicia penal, al fortalecer el debido proceso, deber\u00eda, en el largo plazo, generar incentivos para mejorar las tareas de investigaci\u00f3n.
Pero esas esperanzas podr\u00edan frustrarse. Los pol\u00edticos podr\u00edan trasladar a los fiscales aut\u00f3nomos el costo de la inseguridad y la violencia. Los fiscales podr\u00edan culpar a los jueces por los casos fallidos. Y el resultado podr\u00eda acabar siendo no una transformaci\u00f3n, sino una contrarreforma.
Por ello, se necesita crear condiciones pol\u00edticas para cambiar de ra\u00edz la procuraci\u00f3n de justicia. Y para ello, se necesita presi\u00f3n p\u00fablica sostenida, similar a la que logr\u00f3 una transformaci\u00f3n de las instituciones electorales en los noventa.
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