OPINI\u00d3N<\/p>\n
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En el siglo XX destacan dos reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n. La de 1987 deleg\u00f3 el control de legalidad a los tribunales colegiados de circuito; y la de 1994 modific\u00f3 su composici\u00f3n al reducir de 21 a 11 el n\u00famero de Ministros y crear el Consejo de la Judicatura Federal como encargado de los asuntos administrativos y disciplinarios. Ambas reformas coincidieron en fortalecer el papel de la Suprema Corte como tribunal constitucional. El objetivo fue, a mi juicio, consolidar el modelo de control constitucional, distinto al norteamericano, denominado austriaco, europeo o concentrado.
Esto significa que corresponde a la Corte garantizar la vigencia de la Constituci\u00f3n como la norma suprema de todo el ordenamiento jur\u00eddico, instrumento de limitaci\u00f3n y control del poder en M\u00e9xico. Actualmente, el Poder Judicial es capaz de controlar al Legislativo, al declarar una ley como inconstitucional, y al Ejecutivo, al amparar a los ciudadanos contra sus actos u omisiones que afectan los derechos humanos.
Recientemente el ministro presidente, Arturo Zald\u00edvar, representante del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, envi\u00f3 al Senado a trav\u00e9s del titular del Ejecutivo Federal una propuesta de reforma elaborada al interior del propio Poder Judicial, lo que garantiza su independencia y autonom\u00eda. La propuesta busca apuntalar su funci\u00f3n como tribunal constitucional, agilizar la impartici\u00f3n de justicia, reorganizar la Judicatura, impulsar la paridad de g\u00e9nero y fortalecer la rendici\u00f3n de cuentas. Se trata de una reforma integral que incluye diversas cuestiones diagnosticadas como necesarias desde tiempo atr\u00e1s por abogados, acad\u00e9micos y ministros.
Uno de los planteamientos tiene como fin concentrar el papel de la Corte en la resoluci\u00f3n de los conflictos de mayor relevancia y trascendencia para la sociedad mexicana. Se pretende desahogar su carga de trabajo y avanzar, de acuerdo con el proyecto de reformas con y para el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, en tres grandes rubros.
Primero, que la Corte se limite a analizar violaciones directas a la Constituci\u00f3n y tratados internacionales de los que el pa\u00eds sea parte, dejando de lado el an\u00e1lisis de cuestiones de legalidad. As\u00ed, las controversias que atienda la Corte se ce\u00f1ir\u00edan a la constitucionalidad de normas, actos u omisiones, adem\u00e1s de que el m\u00e1ximo tribunal trasladar\u00eda la resoluci\u00f3n de conflictos competenciales entre autoridades jurisdiccionales a los nuevos Plenos Regionales, \u00f3rganos colegiados conformados por varios circuitos.
Por otra parte, en materia de amparo hay varias modificaciones. La Corte s\u00f3lo conocer\u00eda un recurso de revisi\u00f3n en amparo directo cuando, a su juicio, se trate de un asunto de inter\u00e9s excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Asimismo, los autos que desechen la revisi\u00f3n en amparo directo ser\u00edan inimpugnables, al tiempo que el incidente de cumplimiento sustituto, regulado por los art\u00edculos 204 y 205 de la Ley de Amparo, ser\u00eda conocido por los propios \u00f3rganos que concedieron el amparo y ya no por la Suprema Corte.
Finalmente, se elimina el recurso de revisi\u00f3n administrativa por parte de la Corte en la designaci\u00f3n de jueces y magistrados. De esta manera, los recursos de revisi\u00f3n de resultados de los concursos de oposici\u00f3n para los impartidores de justicia ser\u00e1n presentados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que resolver\u00e1 en definitiva.
A reserva del sano debate legislativo que est\u00e1 por darse, la virtud de la propuesta planteada radica en su congruencia con otras reformas hist\u00f3ricas que tuvieron como fin consolidar un tribunal constitucional en M\u00e9xico. <\/p>\n
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