Al cumplir con la obligación que impone el artículo 20 fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Magistrado Juan Manuel Menes Llaguno, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, presentó su primer informe de actividades, del año judicial Mayo 2014- Abril 2015.

El TSJH ratificó el compromiso de brindar a los hidalguenses el clima de justicia, seguridad, confianza y paz social, en conjunto con los esfuerzos de todas las instituciones del Estado, y de entero respeto para cada poder.

Con las reformas constitucionales, la actividad jurisdiccional, afirmó el Presidente, además de resolver controversias y vincularlas a la convencionalidad en materia de Derechos Humanos, se convierte en un medio de control constitucional, que implica a quienes ejercen la función jurisdiccional mayor responsabilidad.

La sociedad, recordó, exige una correcta aplicación de la ley, pero sobre todo solicita justicia, “…sustentada en equidad, imparcialidad y prontitud, pues la justicia que se imparta al margen de estos presupuestos estará preñada de corrupción, y si se retarda, será por ello, también injusta.”.

• Resultado del diagnóstico de la actividad jurisdiccional, concluido en julio pasado por la empresa Germina, explicó que se emprendieron nuevos esquemas de trabajo sustentados en acciones:

• En materia de Formación y actualización, se rediseñaron proyectos académicos, para ello, se creó el claustro de profesores, integrado con personal de esta institución que cuenta con formación de posgrado.
• Ante CONACYT se refrendó el RENIECYT de esta institución, que posibilitará la búsqueda de apoyos externos para los programas académicos.
• El próximo 5 de mayo María Isabel Mejía Martínez y Carlos Quezada Pérez se convertirán en los primeros jueces que operarán los juzgados de especificidad mercantil, en el distrito de Pachuca; cabe destacar que este programa académico y de selección de jueces, fue adoptado como modelo nacional en la última reunión de la CONATRIB en Morelia, Michoacán.
• En materia familiar, se instrumenta ya en el juzgado 2º Familiar de Pachuca, una instancia de mediación, que busca arreglo entre las partes en los juicios relacionados con guarda, custodia, convivencia y monto de pensiones, asuntos en los que se suscitan enfrentamientos entre los padres con significativas consecuencias para los menores.
• El 18 de noviembre de 2014, fecha histórica en los anales de la judicatura Hidalguense, dio inició la operación del nuevo sistema de justicia adversaria y oral, cambio radical y sustancial que permitirá resolver en materia penal bajo esquemas de mayor rapidez, transparencia imparcialidad e inmediatez procesal.
• Como complemento de todas estas medidas, hemos estructurado un proceso para la evaluación y certificación periódica de jueces y personal de juzgados y salas, que calificará no solo conocimientos sino competencias en la práctica de hábitos y habilidades de cada evaluado
• Mediante el uso de nuevas tecnologías este año judicial, se incorporaron a los programas informáticos con los que ya contábamos, cuatro más, calificados como prototipos en el sistema nacional de Archivos que lidera el AGN:
  1. El primero encargado del pago de pensiones alimenticias vía electrónica, que simplifica la recepción y pago de las consignaciones que por tal concepto se realizan.
  2. El segundo da acceso abierto a las versiones públicas de 25,527 sentencias que han causado ejecutoria en el periodo comprendido de2012 a 2015.
  3. El tercero, corresponde al Sistema Integral de Gestión para el Nuevo Sistema de Justicia Penal (SIGI), que se aplicará en todas las salas de oralidad.
  4. El cuarto permitirá a partir de este año, el registro de las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados del Poder Judicial.
• Con la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se creó la Contraloría General, encargada de vigilar y controlar el ejercicio del gasto y la aplicación de la normatividad en materia administrativo-financiera y complementariamente se fortaleció la unidad de responsabilidades cuya misión será el combate a la corrupción en materia jurisdiccional y la consignación de los procedimientos a la Comisión de Honor y Justicia, encargada de proponer las sanciones correspondientes al pleno del Consejo de la Judicatura.